El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en su sesión del mes de enero, ha aprobado provisionalmente la regulación de la nueva Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Recogida, Transporte y Tratamiento de Residuos. Esta medida, que es obligatoria para todas las administraciones locales puesto que es la transposición de una directiva europea y nacional, incluirá importantes bonificaciones para las personas que realicen la correcta separación de residuos y, por tanto, reduzcan la huella ecológica de la ciudad.
De esta forma, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria da cumplimiento al mandato previsto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que es consecuencia de la trasposición de la Directiva comunitaria UE 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018 y la Directiva UE 2019/904.
Después del acuerdo plenario de este viernes, la Ordenanza Fiscal deberá pasar por un periodo de exposición pública de 30 días a contar desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (BOP). Durante este periodo, las personas interesadas podrán presentar alegaciones, las cuales serán resueltas por el Pleno previamente a su aprobación definitiva.
Si bien, según las normativas europea y nacional, todos los ayuntamientos de este país tienen la obligación, hasta el 10 de abril de 2025 de establecer una tasa específica, diferenciada y no deficitaria, el devengo correspondiente se efectuará el 1 de enero de 2026.
La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha destacado que España, según la Agencia Europea del Medio Ambiente, presenta un bajo nivel de implantación de la tasa para la recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos. En este sentido, recordó que muchas grandes ciudades ya han adoptado este modelo y subrayó que el objetivo en la capital grancanaria es avanzar hacia un sistema más eficiente.
Darias ha explicado que el reto del Ayuntamiento en la gestión de los residuos es pasar “de una economía lineal” a una economía circular “basada o enfocada en reducir, reutilizar, reparar y reciclar”.
Por su parte, el concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, ha indicado que “este gobierno cumple con el mandato legal y, por tanto, como hemos indicado en varios plenos y en varias comisiones, aprobamos la ordenanza reguladora de esta tasa en tiempo y forma, antes del 10 de abril, que es lo que preceptúa la ley”.
“Queremos lograr una ciudad no solo más limpia, sino mejor cuidada, y queremos hacerlo a la vez que logramos definir un marco contributivo más justo tanto para las personas como para las entidades”, ha subrayado Hernández Spínola.
Así, como ha recordado el concejal, el porcentaje de residuos reciclados debe ser al menos de un 55% en el año 2025, lograr un 60% en el año 2030 y un 65% en 2035. Además, todos los municipios deben lograr que solo el 10% de los residuos municipales terminen en vertederos en el año 2035.
Bonificaciones de la tasa
La tasa se basará en el volumen de residuos generados, al tiempo que contemplará bonificaciones para incentivar a la ciudadanía y a los negocios a reducir su huella ecológica.
En este sentido, el Ayuntamiento tiene el propósito de lograr que las tasas sean de la menor cuantía posible para personas y empresas, bonificando la participación de las personas usuarias del servicio cuando reduzcan la generación de residuos y/o cuando contribuyan a su tratamiento y valorización.
La normativa establece que la tasa no puede ser deficitaria, por lo que los ingresos obtenidos deben cubrir el coste total del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos.
El Ayuntamiento ha cuantificado el coste del servicio en torno a los 32 millones de euros, de los cuales el 25% (ocho millones de euros), serán abonados por el propio Consistorio al Cabildo de Gran Canaria en concepto de costes de tratamiento de residuos en el vertedero.
La fórmula de cálculo de la cuota se compone de una cuota tributaria básica, que pagarán todos los inmuebles por la prestación del servicio de recogida y transporte de residuos y una cuota por generación. Sobre esta última, se aplicará un porcentaje que atienda a la calidad de la separación de los residuos.
En el caso de las viviendas, la cuota básica será de 108,45 euros y la cuota por generación 40,88 euros, con lo que la cuantificación total es de 149,33 euros, aunque con los distintos tipos de bonificaciones podrá reducirse este importe atendiendo a criterios de carácter económico y social, así como relacionados con las mejoras en el ámbito de la generación de residuos.
El Ayuntamiento contempla una reducción en la cuota tributaria básica para las familias numerosas del 50% y del 75% en el caso de familias numerosas especiales. Asimismo, los sujetos pasivos en situación de exclusión social podrán beneficiarse de una reducción en la cuota total, con bonificaciones que podrían llegar al 100%.
El proyecto de ordenanza establece también bonificaciones por la participación en recogidas separadas para su posterior reutilización y reciclado, así como por separación y entrega de manera orgánica separable en contenedores específicos para estos residuos.
Por otro lado, también tendrán derecho a una bonificación del 50% de la cuota por generación las empresas de distribución alimentaria y restauración que colaboren con entidades de economía social sin ánimo de lucro y que tengan sistema de gestión que permitan reducir los residuos alimentarios previamente verificados por el Ayuntamiento.
Además, tendrán una bonificación del 5% de la cuota total los sujetos pasivos que domicilien y anticipen el pago de sus recibos.
Con la nueva ordenanza quedará derogada la tasa por la prestación del servicio de recogida de basuras y residuos sólidos urbanos, vigente desde 1998, y que hasta ahora solo se ha aplicado a sujetos pasivos que desarrollan actividades de carácter industrial, comercial, profesional, artístico, de restauración y hospedaje, financiera o de ocio.
Por otro lado, con el inicio del año 2025 el Ayuntamiento ha publicado su calendario fiscal de este ejercicio. Entre las novedades está la bajada del tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles urbano (IBI), que en este año ha sido reducido en el uso residencial hasta el 0,62%, cinco puntos menos que en el pasado año y cuyo periodo de pago se abrirá en el mes de julio.
Esta medida beneficiará al 98,9% de los recibos de la ciudad y supondrá un ahorro medio del 7,5%. Además, en cuanto a los usos no residenciales, también se reducirá el tipo del gravamen al 0,62%, excepto al 10% de los inmuebles de mayor valor catastral, por encima de los 75.000 euros, tal y como recoge la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Para este 10% de mayor valor catastral, que corresponde tan solo al 1,07% de los recibos, el tipo se mantendrá en el 0,67%.