En su ensayo “Cómo mueren las democracias”, publicado en 2018, los politólogos de la Universidad de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt explican cómo líderes elegidos democráticamente pueden ir subvirtiendo gradualmente las instituciones con el único fin de aumentar o mantener su poder. Con referencia al poder judicial, uno de los principales contrapesos del poder ejecutivo en todo sistema verdaderamente democrático -en el que existe separación de poderes-, sostienen dichos autores que “los gobiernos que no logran eliminar a los jueces independientes pueden sortearlos plagando los Tribunales de afines”. Eso es lo que hizo Donald Trump en su primer mandato con el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y lo que intenta consumar ahora Pedro Sánchez tras haber colonizado groseramente el Tribunal Constitucional con ex ministros y ex empleados de La Moncloa comandados por el inefable Cándido Conde-Pumpido.
Félix Bolaños, ministro de Justicia, presentó hace unos días un proyecto de Ley mediante el cual el Gobierno pretende reformar el acceso a la carrera judicial y fiscal de forma unilateral, sin consenso con las demás fuerzas políticas, ni debate parlamentario, ni participación de los órganos corporativos, de las asociaciones de las profesiones afectadas o del resto del mundo jurídico. Esa sorprendente unilateralidad, unida a las prisas y al momento en que se presenta -justo tras intentar eliminar la acusación popular en los procesos penales- levanta todas las sospechas de que se trate de otra Ley “ad hoc” para combatir el frente judicial que amenaza al círculo familiar y político del presidente del Gobierno.
La reforma, que dice tratar de “democratizar” el acceso a las carreras judicial y fiscal estableciendo criterios de selección “menos memorísticos” (afirmando que “no se trata de conocer la Ley sino el Derecho”) que aporten a los opositores “capacidad crítica y un conocimiento de la sensibilidad social” (términos indiciarios de una subrepticia intención adoctrinadora), es en sí un gran despropósito que solo trata de incrementar el número de jueces afines al PSOE por sus crecientes problemas judiciales. ¿Por qué “democratizar” corriendo a jueces y fiscales olvidando a diplomáticos, notarios, registradores, abogados del estado, inspectores tributarios, inspectores de trabajo, técnicos comerciales u otros altos funcionarios de la Administración?
La norma proyectada se completa con otras disposiciones igualmente sospechosas: convertir en jueces -sin superar la oposición- a los jueces sustitutos (aquellos contratados tras una simple entrevista con el presidente del TSJ respectivo); reconocerles cinco años de antigüedad cuando salgan de la escuela judicial (para que alcancen antes los puestos corporativos y de mayor responsabilidad); ampliar el acceso de juristas por el cuarto turno; simplificar los ejercicios de la oposición; o sustituir a los preparadores por una escuela pública de preparación (para adoctrinar políticamente a los aspirantes) dotada de un sistema de becas.
Como persona que ha superado dos oposiciones, tengo que desmentirles la empalagosa demagogia existente sobre ellas. Ni constituyen un coto machista (hace años que aprueban más mujeres que hombres); ni tampoco un reducto clasista (cualquiera con esfuerzo y talento puede utilizarlas como el mejor ascensor social); ni son una actividad para “ricos” (muchos preparadores no cobran, y pocos ricos de verdad están dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo en un trabajo tan incierto y exigente); ni el estudio memorístico es algo despreciable a sustituir (la memoria es un componente de la inteligencia, y ésta no puede relacionar conceptos complejos sin aquélla).
El momento elegido para estos apresurados cambios, sin consenso ni debate alguno, sencillamente apesta. Es una ración más de populismo autoritario en la abultada comanda del sanchismo. Creen que llenando la judicatura de afines les van a dejar forrarse, siempre en nombre del progresismo.
P.D.: Ha circulado mucho, en estos últimos días, un tuit del escritor Juan José Millás que decía: “Todo el mundo tiene jefe menos los jueces. Cada uno va a su bola”. Millás es el perfecto ejemplo de opinador orgánico absolutamente ignorante de lo que significa un Estado de Derecho. Aquí le ofrezco gratis su primera clase: Los poderes deben estar separados y los jueces nunca deben tener jefe, y menos en el sentido que agradaría al sectario escritor. Su única obediencia debida, como le han recordado en X muchos profesionales de la judicatura, es al estricto cumplimiento de la Ley.