El objetivo principal de estas acciones es denunciar las amenazas provenientes de Bruselas y los ataques que enfrentan las pensiones públicas, así como exigir su blindaje constitucional para evitar recortes, privatizaciones y la pérdida de poder adquisitivo.
La campaña responde a la inminente aplicación de la llamada "cláusula de cierre" de la reforma de pensiones, que entrará en vigor en marzo. Según este mecanismo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) emitirá un informe evaluando las medidas tomadas para equilibrar el gasto en pensiones. En caso de resultados negativos, se prevé que el Gobierno impulse nuevas medidas de ajuste, lo que podría afectar gravemente a los pensionistas.
Desde la MERP, se insiste en que las pensiones públicas deben ser reconocidas como un derecho fundamental, con garantías constitucionales que prohíban su privatización y aseguren su sostenibilidad a largo plazo.
La plataforma en Canarias está integrada por Ampe, Coordicanarias, Fetico, HOAC, Intersindical, Justicia y Paz, Por un Mundo Más Justo, Recortes Cero, SAE, Unificación Comunista de España y Unión Sindical Obrera.
La MERP hace un llamado a todas las organizaciones sociales, sindicales y políticas de las islas a sumarse a las concentraciones del 26 de febrero, reforzando así el compromiso con la defensa de un sistema público de pensiones justo y sostenible para las generaciones presentes y futuras.