Ante la primera liberación de rehenes y la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza ocurrida en estos días el Gobierno español ha manifestado su complacencia y su consideración de que considera fundamental que los compromisos alcanzados por el gobierno de Israel y Hamás se mantengan para que se consoliden las fases sucesivas de liberación del resto de rehenes y de facilitación de entrada de la imprescindible ayuda de emergencia a la zona devastada. Así mismo, a través de su ministerio de exteriores, ha ratificado que apoyará con recursos materiales los esfuerzos de estabilización humanitaria del territorio palestino y que, diplomáticamente, impulsará, por considerarla la mejor garantía de paz y estabilidad, la implementación de la solución de los dos Estados en la región.
No obstante, el acuerdo de alto el fuego se produce después de quince meses de los ataques terroristas al inicio de Hamás a Israel, en los que murieron unas mil doscientas personas y doscientas cincuenta y una fueron tomadas como rehenes, y tras una cruenta campaña posterior de ataques armados y exterminio civil por parte del gobierno israelita que han tenido un impacto devastador sobre la población palestina y sus territorios.
Un largo periodo en el que los ataques bélicos israelís han perpetrado un genocidio contra la ciudadanía de Palestina que ha causado en torno a cuarenta y siete mil muertes y que varias de las ciudades más pobladas hayan sufrido graves daños y ruinas. Se ha llegado a destruir o dañar casi el 60% de los edificios en la Franja de Gaza que, ahora, es en gran parte inhabitable, pues, hasta las tierras e instalaciones agrícolas han sido reducidas a arena y escombros por las tropas del Estado judío.
Casi toda la población, de unos dos millones doscientos mil habitantes, se ha tenido que desplazar, por lo que hay multitud de tiendas de campaña en una delgada área cerca de la frontera con Egipto que Israel designó como "zona humanitaria" y más de un millón de personas se hacinan en la ciudad de al-Mawasi, que, sin infraestructuras y ni servicios básicos, durante la emergencia ha aumentado su extensión diez veces.
Ya antes de la guerra las condiciones de vida en la Franja de Gaza eran muy duras. El Banco Mundial estimaba que casi dos tercios de sus habitantes estaban sumidos en la pobreza, que miles de personas vivían en campos de refugiados gestionados por la ONU y que alrededor del 80% de la población necesitaba ayuda humanitaria. Actualmente, mientras las entregas de socorro y ayuda por carretera permanecen severamente restringidas, son un millón ochocientas mil personas las que padecen niveles de inseguridad alimentaria aguda, diez veces más que antes de la catástrofe bélica.
Los sistemas de agua y saneamiento han devenido inoperantes casi por completo y las redes eléctricas están destrozadas; numerosas instalaciones de salud, enseñanza y producción han quedado incapacitadas o destruidas; y, además de los enormes volúmenes de escombros causados por las explosiones, la acumulación de basura alrededor de los campamentos y refugios es creciente y altamente contaminante. Por si fuera poco, la bajada de temperaturas invernal está causando estragos en la población.
Evidentemente, el impacto del conflicto también ha sido devastador en la economía gazatí, pues, en comparación con el 64% de antes de la guerra, casi el 100% de la ciudadanía vive, ahora, en la pobreza. Y con el coste de los suministros básicos aumentado en casi un 250%. Según los cálculos realizados, los daños causados requerirán aportes de unas siete veces el Producto
Interno Bruto de Gaza en 2022. Por lo que Naciones Unidas considera que, con el nivel de destrozos causados, podrían pasar años o incluso décadas hasta que la Franja se recupere.
Con este panorama y aún con la alegría -o, más bien, el mero alivio- que cabe sentir por empezar a vislumbrar el fin de la pesadilla, el mal sabor de boca y el corazón estremecido permanecen ante, salvo honrosas excepciones, tanta irresponsabilidad, doble moral e inoperancia de la comunidad internacional en general, y de los países del “primer mundo” -con Estados Unidos a la cabeza-, en particular, para detener y solucionar los últimos crímenes contra la humanidad perpetrados, por enésima vez, contra la inerme población de Palestina.
Por Xavier Aparici, filósofo y experto en gobernanza y participación.