El Gobierno de España ha aprobado una reforma significativa que amplía y fortalece las Carreras Judicial y Fiscal, con el objetivo de modernizar la Administración de Justicia. Esta reforma incluye medidas para promover la igualdad de oportunidades en el acceso a estas carreras, mejorar la carrera profesional de los jueces y fiscales, y garantizar la pluralidad y transparencia en sus estructuras. Destacan la creación de becas para opositores, un nuevo sistema de selección que prioriza el razonamiento sobre la memorización, y la incorporación del "cuarto turno" para juristas con experiencia. La ley busca adaptar el sistema judicial a las demandas sociales actuales y asegurar una justicia más eficiente y accesible.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Anteproyecto de Ley Orgánica que busca ampliar y fortalecer las Carreras Judicial y Fiscal. Esta iniciativa, presentada el pasado martes, tiene como objetivo adaptar la Administración de Justicia a las nuevas realidades sociales y a las exigencias del servicio público.
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, destacó los pilares fundamentales de esta reforma, que actualiza una ley vigente desde hace 40 años. Entre sus objetivos se encuentran promover la igualdad de oportunidades en el acceso a los cuerpos judiciales, fomentar la excelencia y diversidad entre los profesionales del sistema judicial, mejorar su trayectoria profesional e impulsar la pluralidad y transparencia dentro de sus estructuras.
Esta reforma representa un hito significativo en la evolución de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. Se enmarca dentro de una amplia transformación impulsada por el Gobierno, centrada en los principios de digitalización, modernización y un enfoque social.
Una de las medidas más destacadas es la consolidación legal de las Becas SERÉ, destinadas a opositores de los principales cuerpos de la Administración de Justicia. Estas ayudas tendrán una duración máxima de cuatro años y su cuantía será equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anual.
Además, se convertirá el Centro de Estudios Jurídicos en un centro público dedicado a la preparación para oposiciones, con delegaciones que buscan reducir las desigualdades según el lugar de residencia. También se establecerá un registro público para preparadores y se requerirá reconocimiento de compatibilidad por parte del CGPJ para jueces y magistrados que deseen preparar oposiciones.
La reforma también modifica el sistema de acceso a las Carreras Judicial y Fiscal, adaptando los procesos selectivos para reflejar mejor la realidad del desempeño judicial. Se introducen novedades como el anonimato en la corrección de pruebas escritas y se sustituye un ejercicio memorístico por un caso práctico que evalúe la capacidad razonadora del aspirante.
Para garantizar una dotación adecuada de recursos humanos en la Administración de Justicia, se establecen fórmulas que consideran la carga laboral existente en los tribunales. La promoción por antigüedad también se verá favorecida, así como el desarrollo profesional especializado en áreas como derecho mercantil o violencia sobre la mujer.
La norma refuerza el acceso a las Carreras Judicial y Fiscal para juristas con más de diez años de experiencia mediante lo que se conoce como "cuarto turno". Esta modalidad permitirá que las convocatorias para acceder a la Carrera Judicial sean simultáneas con aquellas por turno libre, asegurando que al menos una cuarta parte de las plazas se cubran bajo este sistema. Por primera vez, este mecanismo también será aplicado a la Carrera Fiscal.
Asimismo, se sistematizará el proceso para estabilizar a jueces sustitutos y fiscales interinos, alineándose con directrices europeas y mandatos establecidos por leyes anteriores. Además, se eliminará la incompatibilidad para ejercer otras profesiones durante los períodos en que no estén desempeñando su cargo.
La reforma incluye medidas orientadas a mejorar tanto la pluralidad como la integridad del Poder Judicial. Una innovación significativa es la regulación sobre cómo se conformará y elegirá a los miembros de la Comisión de Ética del Consejo General del Poder Judicial. De este modo, cinco integrantes serán jueces o magistrados elegidos por su carrera profesional, mientras que otros cuatro serán seleccionados por las Cortes Generales entre académicos especializados en Ética o Filosofía del Derecho.
Finalmente, esta ley moderniza los procesos electorales dentro del ámbito judicial. Se implementarán candidaturas individuales con un solo voto por elector; además, queda prohibido el voto delegado y se introduce el voto telemático. El mandato para estos cargos pasará a ser reducido a tres años.