Confirmada la presentación en la Cámara Baja de la proposición de ley de CC y el PSOE para modificar el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) que incluye la utilización de los fondos de la RIC en la construcción, adquisición y rehabilitación de viviendas en el mercado privado destinadas al alquiler, Román Rodríguez denunció que el acuerdo de estas dos formaciones políticas para usar incentivos fiscales con fines especulativos agravará la emergencia habitacional en las islas. Observó que ya se puede emplear la reserva para la promoción de la vivienda protegida.
El presidente de NC-BC rechazó la “reinstauración” de una práctica eliminada en 2007 por su carácter “especulativo” y por favorecer el “enriquecimiento de unos pocos”. Se refirió a la decisión unánime del Parlamento canario en 2006, aprobada en diciembre de ese mismo año por la Comisión Europea, de suprimir la posibilidad de materializar la RIC a partir de 2007 en vivienda que no fuera protegida y en la adquisición de suelo.
El informe de evaluación de la RIC, realizado en ese momento por la Consejería de Economía y Hacienda, concluyó que el 50 por ciento de la materialización de la reserva se dedicaba a actividades especulativas de carácter inmobiliario (adquisición de suelo y de edificios, fundamentalmente viviendas).
Canarias lidera, en el Estado, la subida de los precios de la vivienda, mantuvo Román Rodríguez, por la política especulativa del Gobierno de CC y el PP, presidido por Fernando Clavijo.
Ahora, tal y como observó, Coalición Canaria impulsa, en el Congreso de los Diputados, que se paguen menos impuestos “no en beneficio” de la mayoría de la sociedad canaria, y al PSOE en Madrid “le da igual” con tal de ganarse el favor del voto de CC.
Es el reflejo de un uso político del Régimen Económico y Fiscal (REF) que prioriza intereses partidistas al “bien común”, recriminó el presidente de NC-BC. Para Rodríguez, todo apunta además a que el PP se sumará rápidamente a este acuerdo.
Las mismas tres formaciones políticas que, como censuró, han sido incapaces o han ignorado, a lo largo del último año, la solución a la crisis humanitaria de los menores migrantes no acompañados que afronta en solitario el Archipiélago, mediante la reforma de la ley de extranjería.