La propuesta de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin que haya pérdida salarial no deja de ser una propuesta atractiva que, sobre el papel -y tal como propone el Ministerio de Trabajo- promete mejorar la calidad de vida de los trabajadores y fomentar la conciliación. Sin embargo, la decisión del departamento que dirige Yolanda Díaz de avanzar en la tramitación de la iniciativa sin incluir plenamente a la patronal en el debate supone un grave error estratégico que puede tener consecuencias devastadoras para la productividad y la creación de empleo en el futuro.
La exclusión de las organizaciones empresariales de un diálogo real y efectivo no sólo mina el espíritu del consenso social, sino que además subestima la importancia de las empresas como motor económico. Este enfoque unilateral ignora las complejidades del mercado laboral español, particularmente en comunidades autónomas como Canarias, donde el tejido empresarial y las condiciones económicas presentan desafíos únicos que no pueden resolverse con recetas homogéneas.
La economía de las islas se enfrenta a problemas estructurales como la escasez de mano de obra en sectores clave, la dependencia de las pequeñas y medianas empresas y el alto porcentaje de autónomos.
Debería retomarse el diálogo social en su sentido más amplio, con todas las voces en la mesa, para garantizar que las decisiones que se tomen beneficien a la economía, a las empresas y, sobre todo, a los trabajadores a los que se quiere proteger
Las decisiones de esta magnitud deben basarse en un análisis riguroso que contemple las particularidades regionales y sectoriales. La reducción de la jornada laboral sin consenso y sin un plan claro para mitigar su impacto puede tener efectos contraproducentes. Por un lado, el aumento de los costes para las empresas podría frenar la creación de empleo, especialmente en regiones como Canarias, donde ya existe una dificultad estructural para atraer y retener trabajadores. Por otro, esta medida podría reducir la capacidad de las empresas para competir en un mercado global, agravando los problemas de productividad que arrastra la economía española desde hace décadas.La reducción de la jornada laboral es un objetivo legítimo y necesario en una sociedad que aspira a ser más justa y equitativa. Pero la forma en que se implemente es crucial. Sin consenso, sin escuchar a todos los actores implicados -trabajadores, empresarios y administraciones autonómicas-, cualquier intento de reforma estará condenado al fracaso.
El Gobierno central tiene la oportunidad de liderar un cambio histórico en el ámbito laboral, pero este no puede construirse sobre la base de imposiciones y sólo con la aquiescencia de los sindicatos. Debería retomarse el diálogo social en su sentido más amplio, con todas las voces en la mesa, para garantizar que las decisiones que se tomen beneficien a la economía, a las empresas y, sobre todo, a los trabajadores a los que se quiere proteger. De lo contrario, el coste de la imposición puede ser mucho mayor de lo que podamos asumir.