“Algunos hombres buenos” es una película norteamericana del año 1992, interpretada por Tom Cruise, Demi Moore y Jack Nicholson, que narra el juicio seguido ante un Tribunal militar por el asesinato de un marine en la base naval de Guantánamo del que son acusados dos compañeros, descubriéndose durante el proceso que dicho fallecimiento encubre una trama de malos tratos y abusos físicos ordenados por el comandante de la base.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado un Auto de 13 de enero de 2025 en el que cita a declarar como investigados, por el delito de revelación de secretos del artículo 417 del Código Penal, al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, a la fiscal jefe de la Fiscalía provincial de Madrid María Pilar Rodríguez Fernández (conocida mediáticamente como “Fiscal cianuro”, por los whats app en los que sugería añadir dicho veneno a las filtraciones que organizaban sobre el novio de Ayuso), y al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía general del Estado Diego Villafañe Díez, por “haberse concertado para revelar secretos o informaciones reservadas relativas a otro ciudadano de los que habrían tenido conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deberían haber sido divulgados”. Se refiere a la filtración de la negociación de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, con la Fiscalía de Madrid de un acuerdo de conformidad sujeto al reconocimiento por el afectado de la comisión de dos delitos tributarios.
Del muy explícito Auto del Supremo, basado en los informes emitidos por la UCO sobre datos objetivos de los mensajes y correos remitidos entre los investigados, llaman la atención tres aspectos importantes:
El primero, que la cúpula de la Fiscalía española -la institución encargada de velar por el cumplimiento de las Leyes, por mandato del artículo 124 de nuestra Constitución y de los artículos 1 y 2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal- se dedicó “de forma frenética” a divulgar informaciones confidenciales sobre la pareja de una rival política para perjudicarla favoreciendo los intereses del Gobierno. El whats app enviado por el fiscal general del Estado a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra de Inés, el 14 de marzo de 2024 a las 09:37 horas, en el que le ordena sacar una nota de prensa divulgando la información confidencial, y dice “si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato”, es revelador de esta anómala forma de actuar. El Auto del Supremo nos desvela -escrito negro sobre blanco- cómo los principales encargados de defender las Leyes en España actúan enloquecidos para defender un relato político coordinados por Moncloa. Poco seguros podemos sentirnos todos los ciudadanos con semejantes responsables de velar por la legalidad (en especial, con las que piden “incorporar cianuro” a las pesquisas sobre algunos investigados).
El segundo, la referencia directa del Auto -tras el análisis de teléfonos y correos efectuado por la UCO- a la intervención de la presidencia del Gobierno en la coordinación de las filtraciones y en las órdenes al portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, para que sacara el tema en el pleno de dicha Asamblea del 14 de marzo de 2024. Aquí añado yo -no consta en el Auto- que el borrado y cambio de teléfonos realizados simultáneamente por Álvaro García Ortiz y Pedro Sánchez poco después de abrirse esta investigación -y ordenarse los registros oportunos- debe tener bastante que ver con los mensajes o llamadas cruzadas entre ellos. El fiscal general ha decidido inmolarse -destruyendo pruebas como un vulgar delincuente- para salvar al coordinador máximo de la trama delictiva, que podemos imaginar claramente quién fue.
Y el tercero, que toda historia siniestra descubre personajes buenos, cuya rectitud merece público reconocimiento. Es justo resaltar los escrúpulos legales del socialista Juan Lobato, quien -siendo técnico de Hacienda- desconfió de la procedencia de la información que le remitió la presidencia del Gobierno sobre el novio de Ayuso, y acudió a un notario dejando constancia del remitente, contenido y fecha, lo que le ha costado su sustitución por Óscar López siguiendo órdenes de Sánchez. Y, en lo más alto del pódium, debemos honrar a una impecable servidora pública, la fiscal superior de Madrid Almudena Lastra, quien se negó a que su Fiscalía publicase una nota de prensa ordenada por la Fiscalía general con los datos reservados de González Amador, lo que probablemente la haya salvado de la imputación y de una previsible condena.
En la película de 1992, los marines acusados del asesinato de un compañero resultan absueltos por obedecer las órdenes ilegales del jefe de la base, aunque son despedidos fulminantemente de la Marina norteamericana. Ese es el negro futuro que espera a quienes -militantes antes que juristas- prostituyen la defensa de la legalidad superponiendo espurios intereses políticos.