La imputación del fiscal general del Estado por parte del Tribunal Supremo es un hecho de extrema gravedad que pone en entredicho una de las instituciones clave del Estado de Derecho. La obligación de comparecer como investigado ante un juez no solo afecta a la persona que ostenta el cargo, sino que proyecta una sombra de duda sobre la imparcialidad y el funcionamiento del Ministerio Público.
En cualquier democracia consolidada, la integridad de las instituciones está por encima de los intereses individuales y de partido. Por ello, resulta imprescindible y urgente que el fiscal general presente su dimisión de manera inmediata. Mantenerse en el cargo mientras se enfrenta a una investigación judicial compromete la imagen y la confianza ciudadana en la institución que representa. No se trata de prejuzgar su culpabilidad, sino de salvaguardar la independencia y la transparencia de la Fiscalía General del Estado.
La negativa de Álvaro García Ortiz a dimitir es, por sí misma, un escándalo sin precedentes
En este contexto, la negativa de Álvaro García Ortiz a dimitir es, por sí misma, un escándalo sin precedentes. Esta resistencia numantina pone en evidencia una alarmante falta de sensibilidad institucional y una desconexión con los principios éticos que deben guiar el ejercicio de todo cargo público; aún más el de fiscal general del Estado. Su permanencia en el puesto demuestra una irresponsabilidad titánica, absolutamente incompatible con el cargo.
Por si se le ha olvidado, García Ortiz es el máximo responsable del Ministerio Público. Al haber sido citado en calidad de investigado por el Tribunal Supremo para el próximo día 29 de enero, como sospechoso de haber filtrado información personal del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y por utilizar la terminología que utilizan los ministros y otros dirigentes del PSOE en otros casos al referirse a investigados, ahora mismo hay un presunto delincuente al mando de la Fiscalía. Algo así sería impensable en cualquier país de la Unión Europea. Pero la degradación institucional que se vive en España, de la mano del Gobierno de PSOE y Sumar, bajo la presidencia de Pedro Sánchez, no parece no tener límites.
Es responsabilidad de los poderes del Estado actuar con firmeza para preservar la integridad de las instituciones. La dimisión del fiscal general sería un gesto de responsabilidad que a estas alturas no cabe esperar, lamentablemente. La justicia debe actuar con independencia y sin interferencias, y eso solo será posible si quienes la encabezan están libres de cualquier sombra de duda.
El momento exige altura de miras y compromiso con el interés general. La dimisión inmediata es la única salida digna y coherente ante esta situación. Lejos de ello, García Ortiz se enroca y los ministros socialistas salen en tromba a defenderle con argumentos que causan rubor y vergüenza.