Sánchez vuelve a hablar de pelotazos y de burbuja inmobiliaria cuando un informe reciente del banco de España advierte de que ese riesgo no existe. Lo cierto es que los precios se han disparado en los últimos años y la vivienda se ha convertido en el principal problema del país. Todos coinciden en que se debe a la falta de oferta, pero a esto cada uno le da la solución ideológica que le conviene. Se habla de la amenaza de especulación, igual que se hacía en el 2007 cuando se aprobó una ley del suelo, en el Gobierno de Zapatero, la 8/2007 de 28 de mayo que modificó algunas determinaciones de la 6/98, de 13 de abril, que impulsó José María Aznar tras la caída de la Ley de 1992 tumbada por una sentencia del Tribunal Constitucional. Esa ley fue considerada como el principio de todos los males, acusada de ser la causante de la crisis de 2008.
A partir de ahí, el urbanismo paso a ser el instrumento técnico jurídico sospechoso de ocasionar todas las debacles, favorecer todos los pelotazos y provocar todas las crisis. Cierto fundamentalismo se apoderó del instrumento racional y equilibrante del desarrollo de las ciudades, convirtiendo a la arquitectura del planeamiento y de la gestión en una especie de enemigo público del que había que protegerse. Las consecuencias fueron la desaparición de la intervención privada en la construcción de viviendas públicas, y la congelación de la creación de suelos sospechosos de ser un elemento especulativo de primer orden. Se impuso el concepto de lo sostenible, sin llegar a saber su alcance reglamentario, y aparecieron las intervenciones sectoriales para hacer del urbanismo una selva jurídica de la que es difícil encontrar la salida.
Por otra parte, las agendas llamadas globales también pretendieron ser protagonistas tomando a la planificación del suelo como el principal escenario de sus actuaciones. Las consecuencias no se pueden negar. Ahí está el encarecimiento de la venta y del alquiler como prueba, y el dictamen de los expertos afirmando que se debe principalmente a la falta de oferta. Para resolverlo se desempolvan los viejos fantasmas de la especulación y el pelotazo y así señalar a los culpables y enardecer a una población que está harta de sufrir unas carencias injustificadas. Lo mismo de siempre: servir un plato frío de demagogia convirtiendo a la gestión pública, participativa y transparente en un elemento oscuro y sospechoso. Especular viene de obtener una mejor plataforma de observación de las cosas. En el urbanismo no se oculta nada porque se aplican todos los procesos participativos de información que hagan falta, desde los avances hasta las aprobaciones provisionales y definitivas, y además por estar sometidos al arbitraje de los tribunales.
Pero aquí las leyes no sirven para nada. Recuerden a una alcaldesa que dijo que acataría solo aquellas que le parecieran bien. En fin, que ahora sale Sánchez con lo de los pelotazos. Una técnica archisabida que fue precisamente la que provocó la situación en la que estamos ahora. Tengo a la vista el Informe Técnico Jurídico y Económico comparativo de la Ley 8/2007 y la 6/98, de valoraciones y régimen del suelo, redactado por la Universidad de Segovia. Allí se llega a la conclusión de que hay que poner en duda la validez científica del concepto de lo sostenible y se termina diciendo: “La disociación del aprovechamiento urbanístico del derecho de propiedad hace que las valoraciones se alejen de los precios del mercado, lo cual incentivará la ampliación de la especulación con base en la actividad política y administrativa”. Aquí todo se resuelve con una patada a seguir, como en el rugby. Habla de pelotazo y de especuladores y te irá bien, pero la gente no verá resuelto su problema de acceso a la vivienda.