La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Esther González activó hoy el rechazo mayoritario del Parlamento a la instalación de la planta de gas en el puerto de La Luz de Las Palmas de Gran Canaria. La parlamentaria canarista alertó de los graves riesgos para la salud pública al exponer a la ciudadanía a mayores niveles de contaminación y para el medio ambiente, además de suponer una contradicción con los avances producidos en la isla y en el Archipiélago hacia la descarbonización. El grupo canarista valoró el pronunciamiento del Legislativo de secundar al Cabildo de Gran Canaria y al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cuyas corporaciones también se han opuesto al desarrollo de este proyecto, impulsado por el canarismo de progreso.
La decisión de la Cámara surge de una proposición no de ley de NC-BC que, en su punto tercero, insta “a remitir este acuerdo a los órganos implicados, expresando el rechazo a la instalación de esta planta en el puerto de la Luz y Las Palmas, en defensa de la salud pública y del compromiso con un modelo energético sostenible y limpio”.
Una reclamación que, incluida en la enmienda transaccional de cuatro puntos acordada con los cuatro grupos del pacto de gobernabilidad, obtuvo 23 votos a favor del PSOE y NC-BC, tres en contra de la extrema derecha y 33 abstenciones del pacto.
En la defensa de la propuesta, Esther González dijo que la planta de almacenamiento de gas licuado, regasificación y producción de energía eléctrica de 70 megavatios (MW) de la empresa Totisa se contrapone al contexto actual de búsqueda de sostenibilidad, regeneración urbana y renaturalización.
Un proyecto que, como alertó, “nos proyectaría” hacia un urbanismo industrializado, que prioriza los combustibles fósiles sobre la armonía ecológica y la calidad ambiental. No sólo es “innecesaria”, prosiguió, sino que además es “perjudicial” para la salud de las personas y “contraproducente” para la descarbonización del sistema energético insular.
Esther González observó que estos peligros y problemas han sido demostrados por los informes de la Dirección General de Salud Pública, el Servicio Canario de Salud, como los del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria.
En el caso de los primeros, de los emitidos por los técnicos de la Dirección General de Salud Pública, González afirmó que concluyen que la instalación del gas en el puerto de La Luz supondrá un elemento “perturbador” para la salud de la población, “incrementando las consecuencias” sobre personas con patologías cardiovasculares y respiratorias, en especial, el asma. Una enfermedad con una prevalencia media en Canarias, del 15 por ciento, es decir, 6,25 veces más que la media del Estado
Cuando en todas las ciudades del mundo se están alejando las fuentes de contaminación industrial de los núcleos de población y trasladando estas actividades hacia polígonos industriales alejados de los asentamientos urbanos, cuando el Archipiélago está inmerso en un proceso de descarbonización y se ha desmantelado la refinería en Santa Cruz de Tenerife, es un “dislate”, denunció Esther González, proponer ahora un proyecto de estas características en Las Palmas de Gran Canaria.
Aseguró que emitirá a la atmósfera, a través de cuatro chimeneas de 25 metros de altura cada que equivalen a un edificio de ocho alturas, durante las 24 horas del día, los 365 días del año, gran cantidad de contaminantes, altamente nocivos.
Por todas estas razones la parlamentaria de NC-BC presentó la iniciativa con la intención de que el Parlamento de Canarias mostrara su rechazo a la instalación de la regasificadora en el citado puerto, en defensa de la salud pública y de un modelo energético limpio y sostenible.
Acuerdos
El resto de los tres puntos de la enmienda transaccional fueron también aprobados. El primero, por unanimidad, insta al Gobierno de Canarias, teniendo en cuenta como prioridad absoluta la salud y la seguridad de las personas, a finalizar la evaluación de impacto ambiental, actuando con las máximas garantías de salud y de seguridad medioambiental para la población.
El segundo, con los tres únicos votos negativos de Vox, solicita a Puertos del Estado y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a contemplar partidas suficientes y necesarias para desarrollar en el puerto proyectos para lograr combustibles cien por cien renovables, en aras de poder cumplir con los objetivos de descarbonización marcados por la Unión Europea.
El tercero, con la abstención de Vox, pide al Ejecutivo canario que acuerde con el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria facilitar la implantación y desarrollo de proyectos encaminados a generar energía en el recinto portuario que provengan de fuentes renovables.