El nuevo registro de viajeros impuesto por el Gobierno, que entra en vigor este lunes, constituye una medida controvertida y excesiva que amenaza la privacidad de los ciudadanos y sobrecarga a los operadores turísticos con exigencias administrativas desproporcionadas. Según el Real Decreto 933/2021, miles de empresas del sector deberán recopilar y enviar información sensible de sus clientes, como el parentesco, las formas de pago, el teléfono móvil y el correo electrónico, datos que en otros países de la Unión Europea no son exigidos a este nivel de intromisión en la intimidad.
El objetivo declarado de esta normativa es reforzar la seguridad y prevenir delitos, pero su implementación ha generado un fuerte rechazo. Asociaciones del sector turístico han señalado el aumento de la carga burocrática y el coste que supone adaptar sistemas para cumplir con esta regulación, especialmente por parte de pymes, muchas de las cuales todavía se recuperan de la pandemia. Además, la falta de ajustes o modificaciones en la norma refleja una actitud poco receptiva del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante las preocupaciones legítimas de empresarios y expertos.
Reunir y centralizar tanta información plantea serias dudas sobre la protección de datos personales en un contexto donde las filtraciones y ciberataques son frecuentes
Más preocupante aún es el impacto sobre la privacidad de los viajeros. Recopilar y gestionar tanta información delicada plantea serias dudas sobre la protección de datos personales en un contexto donde las filtraciones y ciberataques son frecuentes. ¿Quién garantiza que estos datos no serán mal utilizados o comprometidos? Resulta desconcertante que España opte por implementar un "Gran Hermano" turístico que socava derechos fundamentales.
Es imprescindible replantear esta normativa, buscando un equilibrio entre seguridad y privacidad, y escuchando a los actores del sector. La seguridad no puede ser una excusa para vulnerar derechos ni para sobrecargar a una industria vital para la economía española.