Desarrollar un impuesto especial progresivo a la propiedad a partir de la tercera vivienda, eliminar todos los pisos turísticos ilegales y aumentar la carga fiscal de los legales son algunas de ellas.
En el documento, que recoge los objetivos y medidas del partido hasta 2030 y en el que no figura la creación de la empresa pública de construcción y gestión de vivienda anunciada por Sánchez, se aboga por desplegar una política de vivienda "ambiciosa" y "social", por no enfrentar a propietarios con inquilinos y por abordar soluciones a corto, medio y largo plazo.
Según recoge el documento o ponencia marco del congreso, los principales objetivos de los socialistas en política de vivienda para 2030 son:
- Aumentar progresivamente el parque público de vivienda hasta superar al menos el 6 % del total.
- Rehabilitar 1,5 millones de viviendas antes de que termine la década.
- Reducir a menos del 7 % la proporción de personas que afrontan dificultades financieras para el pago de la vivienda al destinar más del 40 % de sus ingresos.
- Eliminar todas las viviendas turísticas ilegales.
- Reforzar en la Constitución Española el derecho a la vivienda, manteniendo de forma permanente la titularidad publica en el caso de las viviendas de promoción pública.
Para alcanzar estos objetivos, los socialistas se proponen actuar en tres frentes: el aumento de la oferta, la lucha contra la especulación y las ayudas a los jóvenes con menos recursos.
Con el objetivo de fomentar la construcción y la movilización de más vivienda asequible el PSOE se compromete a impulsar:
- una reforma de la ley del suelo que agilice el desarrollo de nuevos proyectos urbanísticos y la tramitación de licencias para la promoción de vivienda pública y/o accesible;
- incentivos fiscales para la construcción de obra nueva y la rehabilitación de edificios destinados a este fin;
- suelos dotacionales, financiación del ICO y colaboración público-privada para construir vivienda pública de alquiler asequible;
- la construcción modular para reducir los tiempos de edificación y mejorar el control de calidad y la sostenibilidad de las viviendas;
- una reforma legislativa en Bruselas para que los fondos de cohesión y las "ayudas de estado" financien la construcción de vivienda pública;
- nuevos incentivos fiscales para quienes rehabiliten y pongan sus viviendas vacías en alquiler a un precio asequible, especialmente en zonas de alta demanda;
- un seguro público contra impagos y desahucios que aumentará las garantías de los propietarios y la seguridad de los inquilinos.
En otro eje de actuación, el PSOE quiere desincentivar la especulación y poner coto a la vivienda turística y otros usos fraudulentos, para lo cual aprobará:
- nuevos marcos regulatorios que prohibirán la conversión de viviendas residenciales en viviendas turísticas y de temporada en aquellas zonas de alta demanda;
- la posibilidad legal de que sean los ayuntamientos los que establezcan la definición de zona tensionada;
- un impuesto especial progresivo a la propiedad a partir de la tercera vivienda;
- el refuerzo de los servicios de inspección contra el fraude inmobiliario, incorporando un régimen sancionador;
- el aumento de la carga fiscal de los usos de vivienda no residenciales para desincentivarlos;
- el refuerzo del Observatorio estatal de Vivienda y Suelo para que recoja los datos de todos los contratos de alquiler y compraventa;
- un registro europeo de transparencia para las inversiones inmobiliarias internacionales.
Para apoyar a los jóvenes con menos ingresos, familiares a cargo, o algún tipo de discapacidad, los socialistas se comprometen a:
- potenciar y actualizar instrumentos como el bono de alquiler o los avales para la compra, y a vigilar que su uso no repercuta en el precio final de la vivienda y que no dé lugar a fraudes;
- créditos blandos públicos para cubrir la entrada a la compra de vivienda a la población joven;
- instrumentos de promoción de la vivienda cooperativa para jóvenes.