El presidente autonómico de ANPE, Pedro Crespo, y los presidentes del sindicato en las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, María Perera y Víctor González, respectivamente, pusieron de relieve la escasez de medios de los centros del Archipiélago para atender al alumnado no hispanohablante y garantizar su derecho a la inclusión educativa. En este sentido, resaltaron que la barrera idiomática, la falta de adaptación a nuestro sistema educativo, y, en el caso de los menores migrantes no acompañados, la ausencia de la familia, exigen una respuesta que esté a la altura del reto que supone la integración de este alumnado.
Los representantes de la organización sindical insistieron a Padrón en la importancia de que las administraciones públicas, también la estatal, incrementen los recursos destinados a la atención educativa a estos alumnos y garanticen, para empezar, medidas de apoyo idiomático suficientes. Así, abogaron por potenciar la especialización de docentes en la enseñanza de español para extranjeros y la constitución de una lista de empleo propia que permita afrontar la demanda de este profesorado que existe en los centros.
Del mismo modo, expusieron a la Diputada del Común la necesidad de que las ratios alumnado-docente tengan en cuenta el número de estudiantes no hispanohablantes que haya en el aula, ya que no es lo mismo atender a treinta alumnos cuando todos manejan el idioma que cuando cerca de la mitad no lo hace, como sucede en algunos casos.
Más allá de la situación específica del alumnado que no habla español, la reducción generalizada de las ratios fue otra de las reivindicaciones que ANPE puso encima de la mesa durante la reunión. Crespo recalcó que Canarias está entre las comunidades autónomas con mayor número de estudiantes por docente y sostuvo que las medidas que se han aplicado este curso para reducir ratios son aún muy insuficientes. Uno de los grandes desafíos pendientes del sistema educativo del Archipiélago, señaló, es precisamente la aprobación y puesta en marcha por parte del gobierno autónomo, previa negociación con los sindicatos, de un plan plurianual para disminuir las ratios en todas las etapas y niveles, de manera más acentuada cuanto mayor sea la proporción de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
Los representantes de ANPE instaron también a Padrón a defender los derechos del profesorado interino ante el abuso de la temporalidad en el empleo público, así como a asegurar una dotación suficiente de personal funcionario en la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado para atender a los aproximadamente 27.000 docentes de la enseñanza pública no universitaria de la Comunidad Autónoma. Asimismo, trataron la situación en la que se encuentra el profesorado de Religión en Canarias y la necesidad de mejorar sus condiciones laborales.
La financiación educativa fue otro de los temas planteados. A este respecto, la organización sindical invitó a la Diputada del Común a exigir una inversión en el sistema de enseñanza que alcance en el próximo presupuesto el umbral mínimo que se recoge en la Ley Canaria de Educación no Universitaria, fijado en el cinco por ciento del producto interior bruto del Archipiélago.
Igualmente, se abordaron en la reunión los recortes de horas lectivas en FP para funciones docentes importantes, denunciados por los sindicatos y el profesorado, y la exigencia de mejoras retributivas para el personal docente, como el pago de los sexenios desde el mes siguiente al de su consolidación, sin que haya que esperar hasta enero del año siguiente.