El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes un plan estatal de ayuda para las zonas afectadas por la DANA que está valorado en 10.600 millones de euros, y que se irá ampliando según se vayan sucediendo las necesidades.
También ha anunciado la creación de una nueva figura, denominada Incapacidad Temporal Extraordinaria, que garantizará el cobro del 75 por ciento del salario desde el primer día, a trabajadores y autónomos con daños físicos o psicológicos causados por la DANA.
Los autónomos podrán pedir una prestación por cese de actividad, del 70 por ciento de su base de cotización, sin el periodo de carencia de 12 meses que actualmente exige la ley.
Además, los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o de una pensión no contributiva, verán aumentado su importe en un 15 por ciento en los próximos tres meses, con posibilidad de prorrogar la medida, según ha adelantado el presidente del Ejecutivo central.
Sánchez ha explicado en la sala de prensa de la Moncloa, tras el Consejo de Ministros, que las empresas afectadas por la DANA que suspendan su actividad declarando un ERTE, serán eximidas del pago de las cotizaciones sociales de sus empleados hasta, al menos, febrero de 2025.
De igual modo, ha adelantado que se contemplan ayudas directas por valor de 838 millones de euros para pymes y autónomos, de entre 5.000 euros para autónomos y entre 10.000 y 150.000 euros para empresas, dependiendo de su volumen. Sánchez ha explicado que sólo será necesario indicar un número de cuenta y en menos de un mes se cobrará. Se verán beneficiadas por esta medida alrededor de 65.000 autónomos y 30.000 empresas.
También se ha informado que el Consorcio de Compensación de Seguros abonará a partir de mañana mismo las primeras indemnizaciones para quienes hayan perdido su vehículo. Las cuantías serán un 20 por ciento superiores al valor de tasación.
Además, se retrasa el segundo pago de la declaración del IRPF para los contribuyentes valencianos a quienes les salió a pagar; así como moratorias y exenciones en el IBI, IAE o tasas para tramitar las bajas de los vehículos.