Sorprende la propuesta de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que antes hizo de portavoz del Gobierno, sobre descalificación del que llama Parque Público de Viviendas. Se debe referir a las que son en propiedad y han estado sometidas a un régimen de especial de protección. No creo que esas sean las que influyen en el problema de los elevados precios de alquiler, provocados por una escasez de oferta frente al crecimiento de la demanda. Así no se arregla el problema. Está, como siempre, mal enfocado.
La no existencia de patrimonios públicos de suelo es debida fundamentalmente a la paralización de la actuación urbanística, de la que provenían las cesiones obligatorias de aprovechamiento que eran capaces de regulas los mercados. Las razones de que esto sea así, son fundamentalmente medioambientales, y están provocadas por aquellos que ahora se quejan de los efectos que producen. Nadie es capaz de coger el toro por los cuernos porque sería ir en contra de lo que ahora se considera lo políticamente correcto: un comportamiento cercano a un fundamentalismo ecológico, que es, en buena manera, el responsable de una reacción ultraderechista en toda Europa.
Decir lo que estoy afirmando es ponerse en contra de algo que se ha instalado definitivamente en la sociedad del siglo XXI, con todas sus agendas alarmistas, y que acabará desembocando en grandes cambios sociales y políticos, pero en el sentido contrario de lo que pretendía. La propuesta de la señora Rodríguez no soluciona nada y es otra forma de huir del conflicto con una solución aparente. Mientras tanto, las sociedades languidecen en sus problemas reales hasta que no pueden más y revientan. En ocasiones se llevan por delante a las democracias, que terminan convirtiéndose en soluciones totalitarias, donde cualquier tipo de medida no estará sujeta a la crítica de los agentes sociales, y se convertirá en una solución igualitaria que no iguala nada para volvernos a meter a todos en bloques de cartón piedra desde los que no podremos protestar.
Hace años estas cosas funcionaban, hasta que apareció el tufo fundamentalista para influir en el urbanismo y transformarlo en el sospechoso de todos los escándalos. Estas son las consecuencias y ahora las estamos pagando. Los parques de viviendas mantenían sus ofertas y los precios tasados entraban en competencia con los del mercado libre, y las empresas constructoras desarrollaban sus proyectos mientras las entidades financieras asistían a la posibilidad económica de la inversión, canalizada a través de los poderes públicos, y los sectores implicados en el negocio inmobiliario asistían a resolver una necesidad, y un derecho constitucional, que se consideraba necesario para el desarrollo integral de los ciudadanos.
Ahora no existe crecimiento familiar y los coches de los bebés se usan para llevar a los perritos a los restaurantes veganos, y los activistas torpedean las construcciones y los otros criminalizan a la inmigración como la culpable de una superpoblación en competencia con el turismo, al grito de nuestra tierra no se vende. Mientras tanto, la ministra de Vivienda dice que la titularidad de los parques públicos, aunque a ella hayan accedido las capas menos favorecidas, debe mantener sus topes de venta y la imposibilidad de su descalificación, a la que hasta ahora tenían derecho por ley. Lo siento, pero no es esa la solución.