Lo cierto es que Álvaro García Ortiz ha sido imputado por los cinco jueces de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Lo cierto es que una pelea política iniciada por el caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha terminado rompiendo la pelota del niño, y ahora todos debaten poniendo a sus señorías a los pies de los caballos. Unos dicen que el Fiscal General publicó unos correos, objeto de confidencialidad, para atajar un bulo difundido por MAR, y hasta el ministro asegura que no es de recibo que se le investigue por decir la verdad. Pero es que hay algunas verdades que no se pueden publicar, y el primero que lo tiene que saber es el que vela por la legalidad en el Estado, que no es otro que el Fiscal General.
Desde la oposición se pide la dimisión y el Gobierno responde, por boca de su presidente, que se tapen, porque les invade la corrupción, desde la A de Ayuso hasta la Z de Zaplana. El Fiscal no puede dimitir por una circunstancia política y esto, en sí mismo, compromete su independencia. Algunas voces de la carrera judicial dicen que su condición de servilismo supera a su compromiso con el estricto cumplimiento de las leyes, haciendo verdad aquello que aseguró Sánchez cuando dijo que dependía de él. Estas cosas siempre terminan mal porque empiezan mal, y lo que mal anda mal acaba, como le decían a Romanones por su cojera.
Todos parecen tener razón y ninguno la tiene; y menos el ministro de Justicia poniendo en duda la imparcialidad de los magistrados del Supremo. Aquí se ha ido a por lana y se ha salido trasquilado. Una batalla mal planteada que tiene su origen en la guerra de Madrid, donde el PSOE no se recupera y ha terminado siendo tercera fuerza. Mal le van las cosas aquí. Ahora todo lo fían a Barcelona y a los apoyos de Bildu, con quien se dijo que nunca iban a pactar. La política española vive sobre una cama de agua; aprieta por un lado y le sale un totufo por el otro, y así no puede ser. Ya llevamos varios años así y el país se desangra mientras se habla de pactos y regeneraciones para arreglarlo todo. La verdad es que a la primera de cambio volvemos a las andadas, mientras los jóvenes no pueden acceder a sus viviendas y Canarias está llena de inmigrantes que no sabe dónde alojar.
No es la primera vez que el Fiscal General tiene un encontronazo con el Tribunal Supremo; ya había sido advertido de irregularidades en dos ocasiones. La lucha no es unidireccional porque ahora insta al Constitucional para que tumbe el recurso contra la ley de Amnistía. No se trata exclusivamente de asuntos jurídicos sino de discusiones políticas de alto contenido para los intereses del Gobierno, con lo que se demuestra que sirve a éste con preferencia a hacerlo al Estado. La independencia de los jueces no se cerró con el acuerdo de renovación del CGPJ, sigue latente, mientras la claque del Parlamento continúa jaleando a los suyos, cada uno aplaudiendo a su torero como si estuvieran en la Monumental. Y después dicen que quieren prohibir los toros.