La crisis humanitaria que se vive en la llamada “Ruta Canaria”, entre África y nuestro Archipiélago, debería de avergonzarnos a todos. El mar que separa ambas orillas se ha convertido en un auténtico cementerio. Mientras tanto, la prioridad del Gobierno de España sigue siendo ganar la batalla que ha emprendido contra el Gobierno de Canarias, porque éste cumple con lo que, entre otras cosas, le da sentido a su existencia: defender los intereses de la gente que vive aquí.
España no tiene una política migratoria. Pese a los profundos cambios que se han producido en el perfil de los migrantes, durante el último cuarto de siglo, especialmente en lo referido a los menores no acompañados, la modificación de la Ley del año 2000 sigue sin terminar de concretarse. En la negociación a tres bandas que llevan a cabo los gobiernos de España y Canarias, junto al Partido Popular, prima la escenificación de quién gana el pulso que vienen sosteniendo, por encima del cierre de un acuerdo de distribución equitativa de los menores, en todos los territorios del Estado.
Por otra parte, la inacción impera en la política general de la migración llegada a través del mar. En parte, dicha inactividad pudiera ser una de las causas de la colosal catástrofe humanitaria producida cerca de nuestras costas. La dejación de las autoridades españolas, europeas y locales permite la absoluta impunidad con la que actúan las mafias dedicadas al tráfico de personas ansiosas por llegar a Europa.
Seguimos sin ver ni una sola medida de control y filtro en origen. Ninguna acción disuasoria. Ningún despliegue especial para controlar a los mafiosos que operan a sus anchas, sin que se acuda a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX). Lamentablemente, toda una invitación al riesgo de perder la vida en el intento.
Según los datos del colectivo Caminando Fronteras, el acceso a Europa por Canarias es el más peligroso de todo el mundo. Por la información que maneja esta ONG, más de 11.000 personas murieron en esa ruta en el año 2023, con una media diaria de 32 personas que se dejan la vida en el propósito de alcanzar la otra orilla.
Nos alarmamos con los datos que publica el Ministerio del Interior sobre el número de muertos al año en las carreteras del Estado, con alrededor de 1.100 personas que pierden la vida en este tipo de siniestros. De ahí que se incrementen los controles policiales para evitar más pérdidas de vida inútiles.
Mientras tanto, en la “Ruta Canaria” mueren en ese mismo periodo de tiempo casi 12.000 seres humanos indefensos, sin que exista una sola medida que minore el riesgo de subirse a un cayuco con rumbo a un destino incierto. Ni rigor en el control de las salidas, ni identificación y persecución de las mafias, ni cooperación en origen y cupos de migrantes ordenados. Nada. Se ve que a las autoridades españolas le queda lejos la catástrofe humanitaria sufrida en el Atlántico Medio.
Queda claro que en cualquiera de las fronteras donde se enfrentan desarrollo con miseria y pobreza, los movimientos para alcanzar un futuro mejor han sido -y seguirán siendo- constantes y con asunción de riesgos. Ahora bien, a fecha de hoy, no existe ningún otro lugar del mundo donde el salto al desarrollo encuentre tan alto precio como en la conocida como “Ruta Canaria”.
Para tomar conciencia de la magnitud de este desastre, un último dato comparativo: en un año se dejan la vida en esta franja marítima tantas personas como toda la población residente en El Hierro. O lo que es igual, es como si el mar se tragara anualmente a todos los vecinos juntos de los municipios de Betancuria, Artenara, Agulo, Vilaflor, Garafía, Fuencaliente y Hermigua.
Mientras esto sucede, España y Europa continúan mirando a otro lado.