A finales del año pasado, los electores de la República Argentina eligieron, por una mayoría importante de más del 50 %, al ciudadano Javier Milei como representante para ostentar el cargo de Presidente de la Nación.
Ni el bastón de mando ni la banda celeste y blanca que porta con orgullo en las grandes ceremonias, atributos con que la democracia distingue a su cargo más relevante mientras dura su mandato, le cambiaron el humor al economista, tampoco sus filias y odios, que a veces, al menos públicamente, parecen ser más numerosos.
Tras asumir, poniendo en práctica los rigores económicos que anunciaba durante la campaña electoral, los mismos que posibilitarían el renacer de la prosperidad en una patria desmoralizada, la gente asumió la necesidad gubernamental de obtener equilibrio en ciertos parámetros, como los de acabar con el déficit fiscal.
Como la realidad es caprichosa y sorda a ecuaciones o supuestos saberes, nueve meses después, las cosas que para unos van mejorando, para otros han empeorado ostensiblemente.
La división, regla matemática que más se usa ahora mismo en el país, opera en instituciones, en el cuerpo social, en la prensa, en las familias. Es difícil encontrar discursos o diálogos que sumen, fórmulas que multipliquen, restas en las descalificaciones, que encuentran en las más altas instancias del estado a doctorados en insultos.
Los sentimientos hacen difícil analizar, con objetividad, lo que allí ocurre, pero cuando los que opinan están cerca del dolor y de las necesidades y lo hacen de forma solidaria, exponiéndose a ser considerados enemigos del progreso, se hace necesaria su difusión.
Eso mismo es lo que piden muchos pediatras argentinos, en su carta pública al Gobierno Nacional.
La encabezan con un título que duele: “No al hambre de los niños argentinos y sus familias.”
“Los abajo firmantes, pediatras, en su mayoría miembros de la Sociedad Argentina de Pediatría, deseamos hacer pública nuestra consternación ante la gravedad de las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional, que impiden el acceso de miles de niñas, niños y adolescentes a una alimentación básica imprescindible para su normal crecimiento y desarrollo.
Es sabido que desde hace tiempo sus familias no pueden ser su núcleo de comensalidad en el hogar y que miles de organizaciones sociales, ecuménicas, de apoyo escolar, entre otras, han desarrollado comedores y merenderos que los asisten ante la carencia.
La decisión tomada por el Poder Ejecutivo Nacional encabezado por el presidente Javier Milei, de modificar la estrategia de sostén nutricional que desarrollaba el Ministerio de Capital Humano sin reemplazarla por otra que garantice la continuidad de la alimentación de las niñeces y sus familias, atenta contra su vida presente y futura.
¿Qué hacemos como pediatras?
La Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061/2006) indica que como profesionales de salud somos corresponsables, junto a la familia y la comunidad, de velar por sus derechos y propiciar su restitución, en caso de que sean vulnerados.
En consecuencia, como voces obligadas en defensa de su salud y frente a la falta de perspectiva de solución inmediata y mediata de este drama, exigimos la urgente reflexión de las autoridades para que cese de manera inmediata la decisión de desfinanciar los programas de seguridad alimentaria, respetando las leyes vigentes.
Los indicadores socioeconómicos del INDEC, de alcance público, muestran la progresiva y profunda inequidad en la distribución de los recursos en Argentina, que pone en riesgo toda la vida social, incluso el acceso a los alimentos básicos. Las consecuencias están siendo graves en los sectores de menores recursos.”
El documento no termina aquí, siguen firmas, muchas, no las puedo contar, de pediatras argentinos preocupados por sus pacientes, que son cada vez más, angustiados por el presente que viven, por el futuro que tendrán y el porvenir que les espera.
El gobierno no escucha, de momento responde desautorizando, desafiante a quienes desafían la corrección del déficit fiscal.