CANARIAS

El Estado no puede seguir “usurpando” las competencias hidráulicas

Redacción | Miércoles 17 de julio de 2024
El consejero de Política Territorial asegura que “la crisis del agua en las islas no es consecuencia solo de la sequía, sino de tres años de retraso en la planificación hidráulica y otros seis en la financiación del convenio con el Estado”

"El Estado no puede seguir 'usurpando' las competencias en materia hidráulica del archipiélago reconocidas en el artículo 152 del Estatuto de Autonomía", advirte Manuel Miranda. Además, anunció la formación de un frente común junto a los consejos insulares de aguas, los cabildos y ayuntamientos con el objetivo de "recuperar el liderazgo en la gestión eficiente y sostenible del ciclo integral del agua en las islas".

Durante su participación en el Encuentro SER Canarias se abordaron los "Desafíos de la crisis del agua en Canarias". La audiencia, compuesta por una amplia representación del sector público y privado del agua en las islas, también pudo escuchar las palabras de la presidenta del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, presentó a Manuel Miranda, resaltando su experiencia de 16 años en la gestión hidráulica en Fuerteventura. En los años 70, el agua llegaba a la isla en buques de la Armada. Fue gracias a la plena incorporación de las modernas técnicas de ósmosis inversa en la desalación de agua de mar que Fuerteventura conoció el desarrollo económico y social.

"Aseguró el consejero de Política Territorial al iniciar su exposición que en Canarias, la crisis del agua no se debe únicamente a la sequía, sino a serios problemas estructurales con los que se ha estado lidiando desde el principio. Entre ellos se encuentran la falta de planificación, la obsolescencia de las infraestructuras, la ausencia de innovación, una maraña legislativa complicada y un déficit significativo en la inversión por parte del Estado".

Miranda confirma un atraso de tres años en la planificación hidráulica y otros seis en la financiación estatal que se ha acumulado en las islas. Además, acusó a España de no cumplir sus compromisos financieros con Canarias y de tomar el control de la planificación de infraestructuras hídricas de manera arbitraria, decidiendo dónde invertir sin considerar las necesidades locales."

El consejero hizo hincapié en que tanto la Ley de Aguas de Canarias como la ley estatal reconocen "la singularidad del derecho especial canario". Además, establecen que las obras de interés general deben ser financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, a propuesta de la Comunidad Autónoma. Por lo tanto, afirmó que "Canarias no está solicitando más de lo que le corresponde por ley". Lo que busca es el respeto a su Estatuto de Autonomía y el cumplimiento tanto de la Ley de Aguas de Canarias como de la Ley de Aguas del Estado.

"Al llegar al Gobierno el pasado verano, solo dos islas tenían aprobados los planes hidrológicos que debían estar tramitados antes de diciembre de 2021", explicó Manuel Miranda en relación con la planificación. Además, anunció que su departamento está trabajando para aprobar antes de finalizar el año los tres últimos planes hidrológicos correspondientes a Lanzarote, Fuerteventura y La Palma.

La consejería que dirige Miranda ya se enfrenta a desafíos como mitigar las pérdidas en las redes de abastecimiento y la implantación de la digitalización en el ciclo integral del agua, ambos formando parte de un proyecto Next Generation en marcha.

Para mejorar la eficiencia de las instalaciones de producción de agua, el consejero subrayó la importancia de seguir apostando por la innovación y las energías renovables. Actualmente, la capacidad de estas instalaciones ronda el 75%. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de encontrar fórmulas normativas que permitan simplificar y reducir los plazos de tramitación de los proyectos de infraestructuras hidráulicas. En sus palabras: “tal y como persigue la actualización de la Ley del Suelo que tramitamos también en el Gobierno”.

"Afirmó que no debemos permitir que la rigidez en la aplicación de las leyes destinadas a proteger el territorio resulte en la imposibilidad de brindar esa misma protección, tal como sucede actualmente con el desafío del saneamiento en La Graciosa, o los problemas similares en el Valle de Güímar, en Tenerife, lo cual genera un costo anual de más de un millón de euros en multas europeas para las arcas públicas".

Recordando que "Canarias es una sola cuenca hidrográfica, pero con siete demarcaciones muy diferentes y peculiares que no pueden prosperar por separado", Manuel Miranda finalizó su intervención. Además, hizo un llamamiento para continuar trabajando en conjunto con el espíritu de cooperación y consenso logrado en la primera Mesa del Agua el pasado mes de marzo, en la cual participaron los siete consejos insulares, los cabildos y la Fecam.

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