SATSE reclama al Gobierno que se incluya, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año, la partida económica requerida para asegurar el pago completo de las pagas extraordinarias a partir de 2025 y la restitución de las sumas no recibidas desde 2010, según lo aprobado por el Ministerio de Hacienda.
Durante años, SATSE Canarias ha estado solicitando al ejecutivo regional que los profesionales de enfermería y fisioterapia del SCS reciban el cien por cien de la paga extra de junio y diciembre, en igualdad de condiciones que el resto del personal de la administración pública y retroactivamente.
Desde hace 14 años, las enfermeras y fisioterapeutas que laboran en la sanidad pública han dejado de percibir por completo 28 pagas extraordinarias debido a la medida de recorte implementada por el Gobierno en 2010. Dependiendo de los años de servicio, la cantidad económica perdida asciende hasta los 8.000 euros.
El Gobierno ha vuelto a permitir que las enfermeras, fisioterapeutas y otros profesionales del sector público no cobren la cuantía total de la paga de verano que les corresponde, denunció SATSE. Esta situación contrasta con las pagas extraordinarias de los trabajadores del sector privado, quienes reciben el pago completo.
Un recorte del 27 por ciento en el importe del concepto salarial "sueldo base" y de cada "trienio" en cada paga extraordinaria afecta a estos profesionales sanitarios. Esto se traduce en una disminución promedio de unos 300 euros en cada una de las dos pagas extraordinarias anuales.
Permanente es el recorte.
Desde 2010, cuando el Gobierno impuso el recorte en las pagas extraordinarias de los empleados públicos dentro de las medidas aprobadas para hacer frente a la crisis económica existente en aquel momento, SATSE recuerda que esta situación se viene perpetuando.
"En el momento presente, este recorte se ha estado aprobando año tras año en las sucesivas leyes de presupuestos, a pesar de haber superado esa y otras crisis posteriores", añade.
Según SATSE, el recorte salarial actual no tiene justificación a pesar del crecimiento económico que España ha experimentado durante un tiempo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), en los últimos doce meses el PIB ha crecido un 2,4% interanual.
El crecimiento económico es un indicador clave del desarrollo de un país. Se puede medir a través del aumento en la producción de bienes y servicios, así como en la generación de empleo y la mejora en el nivel de vida de la población. Como dijo John F. Kennedy: "Un alto crecimiento económico puede traer consigo beneficios significativos para una sociedad".
El encarecimiento del coste de la vida, que incluye alimentos, bienes de consumo, energía y hipotecas, sigue aumentando a pesar de la mejora de la economía del país, según apunta el Sindicato de Enfermería. El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirma que en el pasado mes de junio el Índice de Precios de Consumo (IPC) avanzó un 3,4% interanual.
A lo largo de los últimos años, ha sido evidente que las enfermeras, fisioterapeutas, médicos y demás trabajadores del sector público son los profesionales que más han padecido las consecuencias de los recortes. Es importante destacar que estos profesionales son quienes aseguran la prestación de servicios esenciales para la sociedad, según señala SATSE.
La presión sindical es una herramienta importante para defender los derechos de los trabajadores. Los sindicatos buscan garantizar condiciones laborales justas y salarios dignos para sus afiliados. Como dijo el líder sindical Juan Pérez: "La unión hace la fuerza y juntos podemos lograr mejoras significativas en el ámbito laboral".
Diversas acciones de presión sindical han sido impulsadas por SATSE con el objetivo de poner fin a esta problemática. Una de estas acciones ha sido la iniciativa de miles de enfermeras y fisioterapeutas que se han dirigido personalmente por escrito al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitándole que ponga fin al recorte salarial que están experimentando.
Ha pedido a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados que no respalden la incorporación en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de la disposición que reduce las pagas extras de los empleados públicos. Además, se han presentado quejas tanto al Defensor del Pueblo como al Parlamento europeo.