Frente sin precedentes en defensa del acuerdo para la distribución obligatoria de los menores no acompañados que llegan a las islas fue formado por el Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos, todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento -a excepción de Vox- y entidades del tercer sector. La discusión sobre este tema tendrá lugar en la Comisión Sectorial de la Infancia que se llevará a cabo en Santa Cruz de Tenerife este miércoles.
El acuerdo impulsado por el Gobierno de Canarias junto al Gobierno del Estado y presentado a los portavoces de las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados el 25 y 26 de junio, para la modificación de la Ley Orgánica de Extranjería que garantice la solidaridad con una distribución equitativa de estos menores, fue respaldado por medio centenar de representantes públicos, políticos y sociales. Se está solicitando el apoyo y aprobación por parte del Gobierno de España y las Cortes Generales.
El apoyo a la propuesta presentada a los portavoces de las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados el 25 y 26 de junio, para la modificación de la Ley Orgánica de Extranjería que garantice la solidaridad con una distribución equitativa de estos menores, fue respaldado por el frente canario. Se insta al Gobierno de España y a las Cortes Generales a apoyar y aprobar esta iniciativa.
"Además, se suman con la firma de hoy a todas aquellas iniciativas que se emprendan por parte del Gobierno de Canarias para garantizar dicha distribución y asegurar debidamente la protección del interés superior de los menores", afirmó el representante.
Al concluir la reunión, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, afirmó: "Canarias ha demostrado tener una sola voz en la gestión migratoria. Es crucial que esta voz sea considerada y tomada en cuenta por las demás Comunidades Autónomas, el Estado y la Unión Europea".
"Junto a todas las instituciones, fuerzas políticas y entidades del tercer sector, el presidente Clavijo clamó por 'un acuerdo que esté a la altura de la peor crisis humanitaria de España y de la Unión Europea'. En este sentido, indicó que 'se lo debemos a los más de 5.500 niños y niñas que permanecen en las islas y también a un territorio que ha demostrado con creces ser una tierra solidaria y que tiene sobre sus espaldas todo el peso de la Frontera Sur de España y de Europa'".
Durante la Comisión Intersectorial de Infancia del próximo miércoles, el jefe del Ejecutivo canario destacó la importancia de demostrar si como país somos capaces de responder a una crisis humanitaria o si continuamos ignorando el fenómeno migratorio y dejando a Canarias desprotegida.
Durante el encuentro, el presidente Clavijo reconoció la "gravedad" de la situación en este contexto, donde una red de acogida se encuentra "totalmente desbordada y sin capacidad para aumentar plazas de acogida. Canarias ha alcanzado su límite", afirmó, "y este acuerdo es la única solución para asegurar un presente y un futuro vital para estos niños y niñas".
El reconocimiento es una muestra de gratitud hacia el esfuerzo y dedicación de los demás.
El agradecimiento del presidente de Canarias fue expresado hacia Cabildos, ayuntamientos y fuerzas políticas por su colaboración en la gestión migratoria. En una reunión con la Federación Canaria de Municipios, FECAM, se suscribió un acuerdo que se espera sea respaldado por otros territorios. Según el presidente, este acuerdo no pertenece exclusivamente al Ejecutivo ni al Estado, sino que representa a los más de 5.500 niños y niñas que necesitan ser acogidos en centros colapsados en Canarias.
El presidente, Fernando Clavijo, presidió el encuentro al que también asistieron el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, el viceconsejero de los Servicios Jurídicos, José María Riestra, el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello y el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil. En representación de los Cabildos firmaron el acuerdo la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria; Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma; Oswaldo Betancort, presidente del Cabildo de Lanzarote; Lola García, presidenta del Cabildo de Fuerteventura; Alpidio Armas, presidente del Cabildo de El Hierro; y Adasat Reyes, vicepresidente del Cabildo de La Gomera.
La presidenta de la Federación Canaria de Municipios, FECAM, Mari Brito, junto con los vicepresidentes Ana Dorta, Armando Raúl Dorta y Rosa María Chinea, así como el vocal del Comité Ejecutivo de la FECAM, Francisco Atta, representaban a los 88 ayuntamientos canarios. En la reunión también estuvieron presentes los portavoces de los grupos parlamentarios: José Miguel Barragán del Grupo Nacionalista Canario, Luz Reverón del Partido Popular, Sebastián Franquis del Partido Socialista, Luis Campos de Nueva Canarias, Jesús Ramos de la Agrupación Socialista Gomera, Raúl Acosta del Grupo Mixto y Paula Jover del Grupo Vox. Este último grupo fue el único que decidió no firmar el acuerdo.
El acuerdo para impulsar la reforma de la Ley de Extranjería fue rubricado por dieciséis entidades del Tercer Sector relacionadas con la atención de menores no acompañados. UNICEF y ACNUR, al ser parte de Naciones Unidas, no firmaron el acuerdo. Save the Children y Cruz Roja, cuyos representantes legales no estaban presentes en la reunión, tampoco lo firmaron. A pesar de esto, las cuatro organizaciones no gubernamentales respaldaron completamente el documento. Las entidades restantes que participaron fueron Cruz Blanca, Nuevo Mundo, Nuevo Futuro, Quorum, SAMU, Coliseo, ASPROINFA, FEPAS, Siglo XXI, ACCEM, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Fundación CEPAIM.
Acuerdo alcanzado por ambas partes.
En los territorios actualmente en emergencia migratoria, como Canarias, Ceuta y Melilla, se ha establecido un acuerdo para la reforma de la Ley de Extranjería entre el Gobierno de Canarias y el Estado. Según este acuerdo, en un plazo máximo de 12 meses, unos 2.500 menores no acompañados podrían ser trasladados desde las islas a otros territorios, siguiendo los criterios definidos por la Comisión Sectorial de Migración en 2022 y considerando también aquellos que lleguen siempre y cuando se supere el límite establecido. La saturación de un territorio se determinará cuando alcance más del 150 % de su capacidad, lo que activará de inmediato el traslado de estos menores a otras comunidades autónomas.