Los Servicios Jurídicos del Cabildo de La Palma están analizando la posibilidad de presentarse como acusación particular en el caso que afecta a 12 familias perjudicadas por la erupción volcánica. Se sospecha que una constructora, a la cual adelantaron grandes sumas de dinero para la construcción de sus nuevas viviendas, estafó a estas familias.
Recalcó la consejera insular de Acción Social, Ángeles Fernández, que el Cabildo de La Palma está al lado de estas familias en un proceso de apoyo, tanto social, habitacional como económico, además de apoyándolos en el proceso judicial que se ha iniciado.
Durante la sesión del Pleno Ordinario de este viernes se respaldó la idea de brindar apoyo a esas familias en el proceso judicial, así como continuar ofreciendo protección en caso de que algunas estuvieran teniendo dificultades con el pago del alquiler. Se acordó también que el Cabildo implementaría una ayuda adicional para cubrir dicho gasto.
Doce familias, según recordó Ángeles Fernández, habrían sido víctimas de una presunta estafa por parte de una constructora. En torno a unos 25.000 euros fue abonado por algunas de estas familias, lo que equivale al 25% del total de la obra. En el peor escenario, algunas llegaron a pagar más de 70.000 euros, superando así un porcentaje mayor del costo total.
En la mayoría de los casos, las cuantías fueron abonadas gracias a las ayudas recibidas por las administraciones, y esta situación ha afectado gravemente a estas familias, indicó Fernández, "una vez más".
Lamentó Ángeles Fernández que estas familias hayan tenido que enfrentarse a numerosos despropósitos y promesas incumplidas por parte de la empresa, lo cual las ha llevado a llevar este asunto a los tribunales.
"Es consciente que nuestro deber y nuestro compromiso es estar al lado de las familias que peor lo están pasando en estos momentos, estar acompañando y protegiendo a los más indefensos", recalcó Ángeles Fernández.