Hasta ocho alegaciones son presentadas por Drago Canarias a la nueva ordenanza sobre energías renovables de Fuerteventura. Se destaca la falta de actualización de los datos utilizados para el estudio, la necesidad de incluir en esta normativa las torretas de alta tensión, así como los campos fotovoltaicos y aerogeneradores ya instalados. También se hace hincapié en la importancia de la restitución natural de los entornos con instalaciones obsoletas. Cita: "Es fundamental considerar estos aspectos para garantizar un desarrollo sostenible en la isla", señaló un representante de Drago Canarias.
A través de las alegaciones, Drago Canarias expresa que las estadísticas de población y turismo empleadas en el estudio están desactualizadas, lo que podría llevar a conclusiones erróneas al situarlas por debajo de los datos actuales y con una tendencia a la baja. En la actualidad, la evolución es al alza, por lo que sería relevante analizar detalladamente la demanda energética del sector turístico.
En la isla, poblaciones como Corralejo, El Cotillo o Lajares están experimentando un aumento exponencial en el número de residentes, a pesar de que los datos de densidad no reflejan fielmente la situación real del territorio insular. No se ha realizado un análisis actualizado de las necesidades energéticas de estas localidades.
La existencia de instalaciones ya construidas que, de entrar en vigor la Ordenanza, no cumplirían con los requisitos mínimos de seguridad es uno de los puntos considerados más graves desde Drago Canarias. Por ejemplo, en La Matilla, El Time o Gran Tarajal existen aerogeneradores que se encuentran a menos de 500 metros de las viviendas o campos de placas solares que quedarían fuera de las zonas contempladas por la Ordenanza.
Según lo establecido en la Ordenanza y en los planes de ordenación de Fuerteventura, se ha determinado que todas las líneas de transporte eléctrico deben ser soterradas. Por lo tanto, se propone la aplicación retroactiva de esta normativa a las torretas ya instaladas en la isla, con el objetivo de preservar el valioso paisaje natural y cultural de Fuerteventura. Además, se insta a evaluar la capacidad de generación de energía solar en estructuras como naves industriales, edificios y terrenos públicos, priorizando estas instalaciones sobre la ocupación del territorio.
Las alegaciones de Drago Canarias también destacan la importancia de restaurar los entornos naturales donde se encuentran las instalaciones obsoletas —como el campo eólico de Cañada del Río, que quedaría excluido de las áreas designadas para aerogeneradores según la ordenanza—. Además, se menciona la necesidad de modificar la apariencia de las subestaciones, siguiendo las indicaciones del Documento Ambiental Estratégico que señala: “el aspecto exterior debe armonizar con el estilo arquitectónico y los materiales locales, utilizando revestimientos de piedra y colores que favorezcan su integración en el entorno rural y paisajístico”.
En las alegaciones se destaca que la Ordenanza está midiendo la afectación al paisaje a través de la carretera de las dunas como corredor de observación. No obstante, la mayoría de los desplazamientos se llevan a cabo actualmente por la nueva autovía, desde donde las instalaciones son visibles, lo que evidencia que la medición de la afectación al paisaje se está realizando de forma incorrecta.
Propone la Ordenanza insular destinar un área de 145,7 kilómetros cuadrados para la instalación de energía fotovoltaica como alternativa más conservadora, lo cual resulta cuanto menos curioso, considerando que se había mostrado contrario al Plan de Transición Energética de Canarias presentado por el anterior Gobierno de Canarias que destinaba 133,5 kilómetros cuadrados.
El análisis de sostenibilidad del modelo y los indicadores de transición justa no son abordados en el borrador de la Ordenanza, según destaca Drago Canarias. Por lo tanto, se sugiere fijar un calendario específico para cumplir con las obligaciones establecidas en el documento, otorgando un plazo máximo de un año desde su implementación; además, se propone que las familias majoreras en situación de vulnerabilidad reciban suministro gratuito como obligación.
Tras la admisión a trámite e inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica de la Ordenanza provisional insular para la fijación de criterios de homogeneización del uso relativo de las energías alternativas en Fuerteventura, se han presentado estas alegaciones. El promotor es el Área de Presidencia, Ordenación del Territorio, Accesibilidad, Informática y Nuevas Tecnologías del Cabildo Insular de Fuerteventura.