Con el estallido de la presunta trama de corrupción que tiene como uno de sus participantes a Koldo García, que fue asesor del ministro José Luis Ábalos y a la empresa “Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas”, se ha reactualizado el caso mascarillas de Canarias y la investigación judicial que se inició en abril del año 2022.
A partir de que la Delegación de Las Palmas de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada empezó a investigar desde el 8 de abril de 2022 a la empresa RR7 United SL, por comisión de una presunta estafa de cuatro millones de euros al Servicio Canario de Salud (SCS), que les abonó esa cantidad por adelantado para la adquisición de un millón de mascarillas FFP2 que nunca recibieron, la ADSPC en un comunicado emitido el 23 de mayo de ese año, exigió “al Gobierno de Canarias la destitución inmediata de los responsables políticos y que coadyuve a la vía judicial frente a las posibles responsabilidades penales.”
Posteriormente, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) se unió como acusación popular a la querella presentada contra el director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez; la anterior responsable, hasta su dimisión, de la Dirección General de Recursos Económicos de la Consejería de Sanidad, Ana María Pérez, y Rayco Rubén Rodríguez, administrador de la empresa adjudicataria del contrato (RR7 United SL, una empresa de automoción sin experiencia en el sector sanitario), al apreciar indicios de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales, estos dos últimos imputados al empresario.
La ADSPC tenía motivos y razones de sobra para personarse en la querella haciendo nuestro el contenido de la misma, los documentos aportados, y las diligencias y medidas cautelares propuestas, así como las admitidas por el Juzgado que también hicimos nuestras incluso si fueran renunciadas por el Ministerio Público. Y todo ello sin perjuicio de las diligencias de prueba que la ADSPC, actuando como acusación popular, pudiera proponer.
Efectivamente, en el transcurso de las diligencias previas, la ADSPC remitió al Juzgado de Instrucción hasta nueve preguntas que pretendía que respondiera el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en el marco de dicha investigación. Estas fueron las 9 preguntas:
Siguen siendo muchos los interrogantes, pero con la vuelta de tuerca que se deriva del nuevo giro del caso en el marco estatal, se acerca la definitiva clarificación política y penal. Mientras tanto, ante las pruebas que presuntamente implican a Conrado Domínguez, pedimos la suspensión provisional en el ejercicio de sus funciones en el Servicio Canario de la Salud, por los mismos hechos que se investigan en procedimiento penal y que pueden y deberían ser constitutivos igualmente de expediente disciplinario administrativo y que podrá extenderse durante todo el procedimiento penal de acuerdo con sentencia del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2020.
Además, los gerentes y los directores de gestión de todas las gerencias de Canarias recibieron material que tuvieron que "aparcar", porque en algún momento se les envió comunicación de que no valía. Así que ese material está ahí, como testigo cierto de lo mal que se hicieron las cosas. Por ello, apelamos a los gerentes y directores de gestión como testigos responsables de lo sucedido, para que rompan su silencio y den cuenta de todo ello como ejercicio de un deber cívico.
En todo momento, la ADSPC ha actuado en consecuencia, ya que perseguimos sanciones ejemplares para los implicados en cualquier trama de corrupción, así como la máxima transparencia en una gestión trascendental para el buen funcionamiento de la sanidad pública y por tanto para la salud de la población.
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC)