La operación podría disminuir la competencia en el mercado de servicios de transporte aéreo en rutas nacionales, de corta y larga distancia, afectando especialmente a rutas españolas sin alternativa de tren de alta velocidad, así como a conexiones entre la península y las islas Baleares y Canarias.
También se advierte de una posible disminución de la competencia en rutas entre Madrid y ciudades europeas clave, así como en conexiones directas con destinos como Israel, Marruecos, Reino Unido y Suiza.
La Comisión analizará la sólida cartera de franjas horarias de las partes, especialmente en el aeropuerto de Madrid-Barajas, para evaluar posibles impactos en servicios aéreos por otras compañías aéreas y conexiones indirectas.
Iberia, por su parte, afirma que la investigación era esperada y simplemente indica el paso a la Fase II de la operación. La aerolínea asegura que presentará propuestas de "remedies" (soluciones jurídicas o acciones legales) ambiciosas, que cubrirán todas las necesidades en materia de competencia.
Iberia está convencida de que la operación es beneficiosa para los consumidores y para España, ya que fortalecerá el 'hub' de Madrid y mejorará la conectividad del país.
La Comisión tiene hasta el 7 de junio de 2024, con posibilidad de prórrogas, para tomar una decisión sobre la fusión.