El alquiler ilegal de pisos y apartamentos a turistas se ha convertido en un auténtico problema que explica en gran parte la escasez de viviendas para residentes en muchas ciudades y pueblos de España y también de Canarias. Resulta mucho más rentable y seguro arrendar una vivienda por días, tras comercializarla a través de las aplicaciones por todos conocidas, y cobrando por adelantado, que hacerlo por periodos de tiempo más largos, donde se asumen más riesgos de impago o de desperfectos en la propiedad. Pero hacerlo sin licencia para ello es ilegal y dada la magnitud del problema, debe ser perseguido y sancionado con toda dureza.
Los vericuetos legales para eludir los expedientes sancionadores y las trabas que los piratas interponen a la labor inspectora de la Administración hace que los procedimientos se alarguen mucho más allá de lo razonable, lo cual agrava aún más la situación. Pero es perentorio responder con contundencia a este fenómeno tan pernicioso, indeseable e ilegal, responsable en gran parte de la carestía del alquiler residencial.
El Ayuntamiento de Barcelona ha multado al propietario de un edificio en Ciutat Vella con 420.000 euros por alquilar 14 pisos de forma ilegal y sin licencia de alquiler turístico. Se trata de una sanción elevadísima, que posiblemente pueda acarrear peores consecuencias al expedientado, pues el consistorio ha advertido que compartirá el expediente sancionador con la Agencia Tributaria, por si no hubiera declarado los ingresos obtenidos de forma ilícita, algo más que probable.
Y es que no queda más remedio que meter mano a este fenómeno que compromete el bienestar ciudadano y el derecho fundamental del acceso a la vivienda. Algo que con frecuencia se echa de menos por parte de todas las administraciones, que escatiman medios a la hora de combatir el alquiler turístico ilegal.
Es hora de afrontar el problema con todos los recursos necesarios para meter en vereda a quienes alquilen inmuebles a turistas sin licencia, retrayendo estas viviendas que nutrirían el alquiler residencial para hacer competencia desleal al sector turístico reglado.