Algunos de los países más ricos del mundo experimentaron fuertes aumentos de la pobreza infantil entre 2014 y 2021, según datos publicados por la oficina de investigación de UNICEF, Innocenti.
La tasa de España se mantiene estable, pero se sitúa en el 28%, lo cual deja al país en el puesto 36 de 39 (tan solo por encima de Reino Unido, Turquía y Colombia) en la tabla clasificatoria general de países de alto ingreso -Unión Europea (UE) y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)- que analiza conjuntamente la situación actual de pobreza infantil y su evolución en los últimos años.
En la tabla de situación actual de pobreza infantil entre 2019 y 2021, España se sitúa también en el puesto 36, solo por delante de Rumanía dentro de la UE; si se tuviera en cuenta solo el dato más reciente de ingresos de 2021, España es el país de la UE con la tasa de pobreza infantil más alta. “En el año 2023, una tasa de pobreza infantil así en España es inaceptable, y no podemos volver la vista a otro lado ante la situación de cualquier niño, niña o adolescente en nuestro país que no disfrute de unas condiciones de vida dignas”, afirma Gustavo Suárez Pertierra, presidente de UNICEF España.
“Detrás de estas cifras hay niños, niñas y adolescentes que no pueden permitirse comer carne, pollo o pescado al menos una vez cada dos días ni fruta y verdura a diario, que viven en casas sin una temperatura adecuada, que no cuentan con ropa, calzado o libros adecuados, o que no pueden participar en actividades de ocio o irse de vacaciones una vez al año. Esto tiene consecuencias a corto, medio y largo plazo, e impide el cumplimiento de muchos de sus derechos”, agrega.
Polonia y Eslovenia son los países que mejor están haciendo frente a la pobreza infantil -con una reducción de más del 30%-, mientras que algunos de los países más ricos están quedando rezagados, como Francia y Reino Unido. España mejora ligeramente sus cifras respecto al periodo de partida, pero ocupa el puesto 22 de 39 en el progreso de la pobreza infantil, con una reducción de solo el 4% entre 2014 y 2021 (en conjunto los países analizados han reducido de media un 8% su pobreza infantil, es decir, seis millones de niños y niñas menos en esta situación).
Es decir, España se sitúa en la categoría de países que partían de unas altas tasas de pobreza infantil, y cuyos datos no muestran una mejoría significativa, aunque se mantienen relativamente estables. La pobreza infantil no depende en exceso de los niveles de renta de los países: España y Eslovenia, por ejemplo, tienen similares niveles de renta por habitante; sin embargo, Eslovenia tiene una tasa de pobreza del 10%, y España del 28%.
Además, en España el porcentaje de niños y niñas en pobreza persistente (dos o más años en situación de pobreza) es el cuarto más alto de los países europeos analizados, por encima del 20% en el periodo 2017-2019.
“El problema de la pobreza infantil en España es estructural, y debe ser abordado como tal. Su reducción es posible, pero es una decisión política. Es necesario hacer un esfuerzo mayor y más rápido para conseguir que ningún niño, niña o adolescente de nuestro país viva en situación de pobreza. No hacerlo tiene y tendrá un enorme coste personal, social y económico, y cuestiona la sostenibilidad futura de otros sistemas de protección social”, concluye Suárez Pertierra.
A nivel global, el Report Card pide a los gobiernos y a las partes interesadas que actúen con urgencia para erradicar la pobreza infantil, ampliando la protección social de los niños, incluidas las prestaciones familiares e infantiles para complementar los ingresos familiares; garantizando que todos los niños tengan acceso a servicios básicos de calidad, como escuelas de educación infantil y educación gratuita, que son esenciales para su bienestar; creando oportunidades de empleo con una remuneración adecuada y políticas favorables a la familia, como el permiso parental retribuido, para apoyar a padres y cuidadores a conciliar su vida laboral con sus responsabilidades familiares; garantizando la existencia de medidas adaptadas a las necesidades específicas de los grupos minoritarios y los hogares monoparentales, para facilitar el acceso a la protección social, los servicios clave y el trabajo digno, y reducir así las desigualdades.