Los recursos de los empresarios Antonio Plasencia y José Enrique Morales, condenados por el 'caso áridos', han sido desestimados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Como resultado, se les ha ordenado pagar una indemnización de 185 millones por los daños medioambientales causados por la extracción de áridos en el municipio de Güímar.
Los planes de restauración propuestos por los empresarios, según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, han sido descartados. La Audiencia Provincial ya había determinado esto previamente. No es suficiente con el "simple rellenado" de los huecos. Además, la indemnización beneficiará al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Tenerife como administraciones, no al Ayuntamiento de Güímar.
En el procedimiento para su ejecución se estableció, según los empresarios, una cantidad por responsabilidad civil que no estaba contemplada en la sentencia de 2016 de la Audiencia, alegando indefensión, entre otras cosas.
"Con más capacidad de planificación, el importe se pone en manos de administraciones superiores", entiende el Supremo, quien ve que el "desastre ecológico" en la zona se extiende más allá de los límites del propio municipio y considera esto "razonable".
Los planes de restauración son considerados por él como una "simple ficción", cuyo propósito era "cubrirse las espaldas" y dar una "apariencia" de cumplimiento de la sentencia, ya que llenar los huecos "causaría un impacto ambiental tan grande que superaría con creces los beneficios limitados".
En octubre de 2020, el propio Gobierno de Canarias ya rechazó los informes.
Otros dos empresarios areneros, Pedro Sicilia y Francisco del Rosario, han sido condenados en el caso judicial que comenzó en 2005 con una denuncia del abogado Carlos Álvarez para la acusación popular. Cabe destacar que Francisco del Rosario no participó en el acuerdo con la Fiscalía y fue ingresado en prisión.