La parlamentaria de NC-BC avisó, en la comisión, que el tercer sector en la isla, y en general en Canarias, se enfrenta, “año tras año, a una odisea” al ver “peligrar su futuro” ante el desconocimiento sobre el mantenimiento y la concesión de las ayudas. Hay colectivos, tal y como expuso, obligados a pedir préstamos personales, a poner como aval su patrimonio personal, para continuar con su actividad. Para Santana, es una situación “gravísima” ya que se trata de servicios que tendría que asumir la administración pública.
Tras asegurar que otras organizaciones renuncian directamente a pedir las subvenciones, la parlamentaria de NC-BC avaló la fórmula empleada, en la pasada legislatura, por la Vicepresidencia del Gobierno, responsabilidad de Román Rodríguez. Se refirió a la concesión de ayudas directas.
En opinión de Natalia Santana, la falta de una ley sectorial es la causa del “descontrol y el desajuste” en la fórmula de la concesión de los fondos públicos. Abogó por arbitrar otra modalidad. Propuso la apertura de la convocatoria en el mes de junio para proceder al abono en el mes de diciembre. También la posibilidad de establecer convenios con entidades bancarias para adelantar la financiación, previo certificado de la consejería, o un sistema similar al empleado por la asociación de avales de Canarias para el sector empresarial basado en la concesión de adelantos de los créditos en condiciones más ventajosas.
Para Natalia Santana, la alternativa planteada por la consejera de Bienestar Social es “insuficiente”. Se trata de la creación de una base genérica para sacar las subvenciones que, para el grupo canarista, no solventa el problema de fondo. Disponer de las ayudas a lo largo del primer trimestre del año, según la parlamentaria de NC-BC, hace que el tercer sector siga en “la misma situación de incertidumbre”.