En nombre de los expropiados socios de Rumasa, Teresa Rivero, la viuda de José María Ruiz-Mateos, solicitó al Estado una decisión final sobre el justiprecio por la expropiación realizada en 1983, durante el primer Gobierno de Felipe González y con Miguel Boyer como ministro de Economía.
El director general de Patrimonio del Estado no admitió la reclamación de la familia, argumentando en "aras de la seguridad jurídica" que el justiprecio era "cero euros" por acción. Además, afirmó que la cuestión ya estaba juzgada y "confirmada de forma reiterada" por el Tribunal Supremo.
Sin embargo, la familia defiende que el valor del 'holding' ascendía a los 13.712 millones de euros. Según la Abogacía del Estado, se respaldó esta idea y se destacó que se estableció un valor neto patrimonial negativo de más de 260.000 millones de pesetas durante la expropiación. Esto también está mencionado en la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo del 22 de noviembre, que según afirma, no requirió una determinación definitiva del justiprecio.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha determinado que, según la sentencia del Tribunal Supremo, se debe realizar una nueva evaluación de las acciones de Rumasa en base al balance consolidado del grupo. El TSJM señala que las resoluciones impugnadas no son legales y se debe retroceder en el proceso para admitir la solicitud del recurrente.
Los hijos de José María Ruiz-Mateos han expresado en un comunicado su intención de poner el justiprecio a disposición de los perjudicados por las emisiones de pagarés que su padre decidió, y por las cuales ellos serán juzgados en la Audiencia Nacional. Su objetivo es asegurar que los perjudicados puedan cobrar sus créditos. La sentencia se puede apelar ante el Supremo.