La reforma de las pensiones que el Gobierno de Sánchez ha trasladado a Bruselas para su validación y así evitar que la Comisión Europea paralice la llegada de los fondos Next Generation es muy sencilla: básicamente se trata de sacar más dinero de los trabajadores para dárselo a los pensionistas. Da igual cómo lo quiera vender el Gobierno y los sindicatos, tontos útiles del Ejecutivo en la foto.
La única realidad es que los actuales trabajadores serán los grandes perjudicados porque verán cómo se les incrementan sus retenciones a la caja de la Seguridad Social, bien de manera directa o bien a través de las empresas, para poder garantizar la actualización de las pensiones al IPC. Trabajadores a los que cada vez se les exigen más sacrificios y que cada vez se las verán peor para obtener su pensión en unos 20 o 30 años. Desde luego, mucho tienen que cambiar las cosas para que perciban las jugosas pensiones que hoy se reparten en nuestro país.
El actual sistema de pensiones es insostenible desde hace tiempo, pero ninguno de los diferentes Gobiernos ha querido profundizar en una reforma necesaria y mucho menos iba a hacerlo un Ejecutivo que se autoproclama social y en un año electoral, como el que nos encontramos, a dos meses vista de unas elecciones que no pintan muy bien para sus intereses. Si la Comisión Europea no hubiera puesto sus condiciones para seguir enviando fondos, el Gobierno no habría acometido ninguna reforma porque nuestros dirigentes viven en el cortoplacismo y en el cálculo electoral constantemente.
La pirámide poblacional y las previsiones demográficas a futuro demuestran que es imposible que las pensiones del futuro sean tan generosas, principalmente porque no va a haber suficiente gente como para pagarlas. La reforma del Gobierno de Sánchez es una huida hacia adelante, pan para hoy y hambre para mañana, que provocará pensionistas más ricos, los actuales, y menos trabajadores y más pobres en el futuro.
Es imposible que funcione un sistema con un carácter solidario como es el de pensiones, cuyos ingresos provienen de las cotizaciones de los trabajadores en activo, cuando quien debe aportar gana menos que la pensión percibida por los jubilados. El Salario Mínimo Interprofesional desde enero de 2023 quedó fijado en 1.080 euros brutos mensuales, cuando la pensión media en España supera los 1.300 euros. De los diez millones de pensionistas que hay en nuestro país, el 47,3% cobran una pensión igual o superior al SMI. Y de ellos, 1,9 millones perciben una paga mensual superior a los 2.000 euros. Y si comparamos la pensión media de España con la de otros países de nuestro entorno, también vemos que somos de los más generosos con nuestros mayores: en Portugal es de 487 euros mensuales, 833 euros en Grecia, 1.079 euros en Alemania y 1.285 euros en Italia.
No se trata de cuestionar que deba existir un sistema de prestaciones sociales, porque es un derecho protegido y reconocido por la Constitución en su artículo 41. De lo que se trata es de hacerlo más justo para todos los actores con el objetivo de garantizar su viabilidad. No solo para los pensionistas. La solidaridad intergeneracional debe ser proporcionada para poder ser viable económica y socialmente. No tiene sentido que un trabajador en activo, con hijos a su cargo, que paga un alquiler o una hipoteca por una vivienda, cobre menos que un jubilado sin cargas familiares ni bancarias, con unos gastos limitados, por muchos años que éste haya cotizado. No tiene ningún sentido. Porque, además, se da la circunstancia de que muchos de los pensionistas actuales también tuvieron un mayor rendimiento económico como trabajadores en activo y, gracias a sus salarios y al menor coste de la vida, pudieron invertir en una segunda residencia o hacer unos ahorros que hoy resultan una quimera para la clase media.
Pero diez millones de pensionistas son 10 millones potenciales de votos y ese es un caladero muy jugoso para cualquier partido. Por eso el PP también se manifiesta con cierta tibieza ante la reforma, con argumentos superficiales, porque la mitad de su electorado es mayor de 65 años. Y así, entre unos y otros, el déficit del sistema seguirá aumentando y también seguirán incrementándose las desigualdades.