La ministra Ione Belarra quiere limitar los precios de los alimentos para ayudar a las familias a llenar su cesta de la compra en esta época de tan elevada inflación. Una campaña con un fin loable que podría tener consecuencias nefastas.
Los culpables de estos precios tan elevados son, para la ministra, los dueños de los supermercados, encarnados en Juan Roig, dueño de Mercadona, que practican un capitalismo despiadado y miran solo por sus bolsillos, obviando que generan más empleo y mejor pagados que otras cadenas de supermercados.
La confusión entre la causa de la inflación (el aumento de la masa monetaria en la economía) y su consecuencia (la subida de precios) hace que se ponga el foco en quienes son víctimas y no causantes. Los que emiten dinero sin límite no son los dueños de los supermercados.
Estamos en año electoral y hay que difundir mensajes populistas con un fin loable como es el de ayudar a los desfavorecidos. Se aprovechan de la baja educación financiera de la población.
Ione Belarra es psicóloga y su experiencia profesional pasa por voluntariados en Cruz Roja, en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y en otros organismos. Ni su experiencia ni su formación le hacen apta para tomar decisiones de calado en materia económica.
Si fijan los precios máximos de los alimentos va a pasar lo que siempre ha pasado en la Historia, disciplina que tampoco parece conocer. En el pasado existen numerosos ejemplos de las consecuencias negativas de controlar los precios. Desde el Imperio Romano hasta nuestros días. Y nunca han funcionado.
Fijar los precios máximos genera escasez y desalienta el espíritu empresarial. Poner un precio por debajo del precio de mercado hará inviable el negocio para muchos ofertantes que se verán abocados al cierre. Porque recordemos que los salarios de sus empleados han subido y sus márgenes se han estrechado. No solo el salario mínimo interprofesional ha aumentado sino que la cotización a la Seguridad Social, también lo ha hecho. A esta subida la han bautizado como Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Otro grandilocuente nombre para exprimir los bolsillos de los empresarios y, en este caso, también el de los trabajadores.
Habrá empresarios que no verán rentable seguir con el negocio y dedicarán sus esfuerzos a otros sectores o simplemente desistirán en seguir con la actividad empresarial.
Fijar precios máximos provoca que la demanda sea muy superior a la oferta. De ahí la escasez.
No habrá suficientes bienes para satisfacer la demanda y eso, en productos de productos de primera necesidad, es muy delicado. La escasez de alimentos básicos entre la población podría tener consecuencias graves. En un extremo, podría darse un aumento de hurtos, robos o hasta revueltas.
Entonces, el gobierno se vería obligado a tomar cartas en el asunto y a arreglar los efectos del desaguisado. Se vería obligado a distribuir la oferta escasa entre todos. Las cartillas de racionamiento podrían aparecer en escena.
El precio no lo es todo. Los que mantuvieran su negocio en pie, podrían abusar de la picaresca. La consigna sería no deteriorar en exceso sus márgenes. La viabilidad de su negocio estaría en juego. Y digo que abusarían porque ya la están empleando. A un precio de los alimentos menor, ofrecerían productos de menor calidad como frutas y verduras en sus últimas horas.
Si encima añadimos una nueva forma de sortear la inflación, como es la reduflación (ofrecer menos cantidad de producto al mismo precio), la calidad y la cantidad de lo que se compre dejarían mucho que desear. Las bolsas de patatillas tendrían más aire que nunca y las latas de atún rebosarían de aceite a costa de carne de algún túnido barato que emulara la carne de atún.
Estas ineficiencias que genera el control gubernamental del mercado se subsanan mediante economías paralelas, fuera del mercado regulado. Aparecerá el mercado negro que suministraría al precio que satisfaga a empresarios y demandantes. El mercado libre, aunque fuera en la oscuridad, pondría el equilibrio de nuevo.
Podemos también ha pretendido limitar el precio del alquiler. La escasez en la vivienda dificultaría que quienes lo deseen encuentren un techo. Eso agravaría la “emergencia habitacional” a la que continuamente aluden.
¿Cuántos propietarios conocen que prefieren tener su piso vacío ante riesgos de impago o destrozos? Si a eso le añaden que perderán atractivo en sus ingresos, muchas viviendas no serán ofrecidas al mercado. Otra vez la escasez.
La limitación de precios siempre ha dado lugar al mercado negro y, fuera del circuito oficial, el precio volverá al equilibrio. Esto es, a aquel que satisface las pretensiones de ofertante y demandante.
Limitar los precios siempre ha tenido efectos nocivos. Ha pasado siempre en la Historia.
Se acercan las elecciones y Podemos se aprovecha de la falta de educación financiera de la población. Quizá la sufran ellos también. Lo que está claro es que una psicóloga con escasa experiencia, al frente del área de Derechos Sociales, no parece la más adecuada para tomar estas decisiones de tal trascendencia económica. Ni siquiera para defenderla. Y, si le ha asesorado un economista, éste no ha demostrado conocer la Historia ni la propia disciplina económica.
Pero la gente se quedará con que la culpa de todo es de Putin y de Juan Roig porque lo han dicho Ione Belarra o el Gran Wyoming. Otros echarán la culpa al cambio climático, cajón de sastre para justificar cualquier medida restrictiva de libertades de ahora en adelante.
La paradoja es que por culpa del cambio climático se beneficiará aún más al despiadado Mercadona. En las ciudades de quince minutos, será el mejor posicionado de los supermercados, al estar presente en cada uno de los distritos a los que nos abocarán. Si encima les limitan los precios, ríanse de los Juegos del Hambre.