El Tribunal Constitucional ha votado en contra, por seis sufragios frente a cinco, de las recusaciones de los magistrados del denominado ‘sector conservador’ Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez, que había sido solicitada por las formaciones políticas PSOE y Unidas Podemos
Este era el primer punto de la maratoniana sesión plenaria que está llevando a cabo este lunes el Tribunal Constitucional, iniciada a las 10 de la mañana.
Tras más de nueve horas de deliberación, los magistrados han decidido, por seis votos contra cinco, no aceptar la petición de los dos partidos de la coalición de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, respecto a la recusación de dos miembros de este órgano judicial cuyo mandato se halla caducado, ambos englobados dentro del ‘sector conservador’: Pedro González Trevijano, quien es, a su vez, presidente del Tribunal Constitucional, y Antonio Narváez.
De esta manera, la mayoría conservadora en el Constitucional se mantiene inalterable frente al bloque progresista, y será en función de este equilibrio de fuerzas que el Tribunal deberá abordar el segundo punto del orden del día, consistente en valorar la procedencia o no de la propuesta del PP de suspender la tramitación legislativa de la reforma judicial que el Gobierno logró sacar adelante, la pasada semana, en el Congreso de los Diputados, y que ahora debería proseguir su curso en el Senado.
La sesión en la Cámara Alta está prevista para el próximo jueves. Sin embargo, el recurso del PP plantea que se aplique la suspensión cautelar de esta propuesta de reforma judicial. Si el Constitucional se pronuncia a favor de la tesis de los populares, la votación del texto en el Senado no podrá llevarse a cabo, al menos en la fecha prevista, el próximo jueves 22 de diciembre.
Cabe recordar que el recurso del principal partido de la oposición, presentado el miércoles de la pasada semana, reclama la suspensión de dos de las enmiendas de la reforma que defiende el Gobierno, concretamente las que afectan al sistema de elección de dos candidatos a formar parte del Constitucional que deberían ser designados por el Consejo General del Poder Judicial.