Valentín González Évora: “Este sería un instrumento fundamental para la reactivación de la economía agrícola, que ya se ha puesto en marcha en la isla vecina de Gran Canaria, pero que en Tenerife se tropieza con el rechazo del Partido Socialista”
El consejero del Partido Popular en el Cabildo de Tenerife, Valentín González Évora, llevará al debate de las Comisiones Plenarias de la institución insular, que se llevan a cabo esta semana, la necesidad de implantar un ‘Banco de Tierras’ en Tenerife, que “revitalice y fortalezca el sector primario en general, y la agricultura tinerfeña en particular”, una medida que “ha salido adelante en la isla vecina de Gran Canaria, pero que, lamentablemente, en Tenerife se tropieza con el rechazo del Partido Socialista”.
González Évora recuerda que “en junio de 2020, el Partido Popular llevó al Cabildo una moción para impulsar esta iniciativa, pero obtuvimos el rechazo del Partido Socialista, que se niega a sumarse a una medida que pretende potenciar la figura del agricultor como emprendedor, así como el relevo generacional para crear empleo y evitar la despoblación de las zonas agrarias”.
Esta semana, el PP volverá a llevar al debate del Cabildo la necesidad de poner en marcha medidas de este tipo, que se perfilan como “un instrumento fundamental de reactivación de la economía agrícola isleña, que busca retomar y revitalizar los terrenos abandonados, a través de prácticas agrarias sostenibles”.
La propuesta del Partido Popular persigue “contrarrestar el efecto del abandono de tierras agrícolas en Tenerife, un grave problema al que se enfrenta el sector primario, que es consecuencia de la falta de incentivos y de la globalización del mercado, que impiden a los agricultores obtener rentabilidad de sus cosechas, provocando la despoblación de las zonas agrarias, además de desaprovechamiento y el descuido de los recursos naturales”.
Así, el Banco de Tierras de la Isla de Tenerife se constituiría como un servicio de intermediación, gestión, asesoramiento técnico, jurídico y formativo, a través de un sistema de arrendamiento o alquiler de instalaciones vinculadas a una explotación agroganadera, de forma que tanto propietarios de terrenos como potenciales beneficiarios puedan ampararse para conseguir objetivos como “la obtención de rentas, la puesta en valor del patrimonio, la mejora de la cuenta de resultados de los agricultores o la conservación del medio ambiente, entre otras cuestiones”.