Es necesario impulsar un cambio sustancial hacia una política global, integral e integradora de la familia que tenga como eje de actuación lo siguiente: reconocer a la familia como sujeto social; impulsar la capacidad de respuesta del conjunto de la sociedad hacia la familia; desarrollar, desde los diversos ámbitos del gobierno, políticas que tengan como sujeto no solo a la persona considerada individualmente, a los colectivos organizados o a las comunidades, sino también, y de manera importante a la familia, a las familias concretas, y, finalmente, planificar y desarrollar políticas coordinadas de carácter integral y intersectorial de ayuda a las familias.
Para obtener estos resultados, debemos tener en cuenta que la realidad familiar de principios del siglo XXI plantea un conjunto de retos, a los cuales es necesario dar una respuesta desde las mismas familias, desde la sociedad y desde las instituciones políticas y así:
Fortalecer la familia, de tal forma que obtenga una mayor autonomía y unas mejores condiciones sociales y económicas para desarrollar sus funciones. En este sentido la política de familia que desarrollaremos no puede pretender sustituir las funciones propias y específicas de la familia, sino, al contrario, debe tener como objetivo fomentar, desde una perspectiva integral e integradora, toda su capacidad de autorespuesta y desarrollo, ofreciendo el soporte básico y las condiciones adecuadas a su crecimiento, estabilidad y funcionalidad.
Promover una mejora de la calidad de vida y de bienestar de las familias, especialmente para que las familias puedan formarse, crecer y desarrollarse satisfactoriamente como familias. En este sentido son básicas, entre otras, las medidas destinadas a favorecer el acceso a la vivienda, al hogar familiar; así como a disponer de los equipamiento y servicios educativos, sociales , de salud y comunitarios necesarios.
Establecer las condiciones para que sea plenamente compatible la constitución de una familia y la asunción de las responsabilidades que se derivan de la actividad laboral y social.
Existe un importante numero de familias que viven en situaciones de precariedad, las cuales pueden abocarlas a procesos de exclusión social. Son las que podemos denominar familias en situación de riesgo, entre las que podemos destacar: las familias formadas por personas ancianas; las familias que cuentan entre sus miembros con personas discapacitadas o con disminuciones físicas; las que viven situaciones de pobreza y marginación, y la familias mono parentales. Es necesario prevenir, por tanto, estos procesos de exclusión social, dando una ayuda a estas familias y facilitando su integración social.
Dado el valor social que el conjunto de los ciudadanos otorga a la familia, es necesario establecer un marco de reconocimiento adecuado. En este sentido, cabe hacer crecer la conciencia del valor fundamental de la familia para la sociedad, fomentando la relación y la solidaridad intergeneracional.