Pedro Sánchez y los ministros del Gobierno central cobrarán el próximo año un 4 por ciento más. La subida ha quedado reflejada en el proyecto de Presupuestos Generales para 2023 y supone un incremento notable en un contexto de crisis inflacionaria. El presidente pasará a cobrar 7.500 euros mensuales, hasta alcanzar los 90.010 euros brutos anuales; las vicepresidentas Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera cobrarán 7.050 euros al mes -84.600 euros brutos anuales-, y los diecinueve ministros con los que se completa el ejecutivo percibirán cada mes 6.618 euros -79.415 al año-.
El Gobierno argumenta que esta subida de retribuciones se enmarca en el conjunto de subidas acordadas para el sector público, cuyos funcionarios verán incrementadas sus nóminas un 2,5 por ciento que podrá llegar al 3,5 por ciento si cumplen una serie de variables. También los diputados del Congreso y los senadores -con el voto en contra de PP, Vox y Ciudadanos- verán aumentados sus sueldos un 3,5 por ciento el próximo año.
La subida del sueldo de los políticos se produce en un momento de gran tensión social, con la inflación en torno al 9 por ciento, cuando la media de los convenios colectivos del sector privado firmados en España recoge un incremento del 2,6 por ciento y cuando millones de trabajadores no sujetos a convenios tienen sus salarios congelados desde hace años.
Esta circunstancia no afecta a los políticos. Y no se trata del reabrir el debate sobre si los políticos cobran mucho o poco; es evidente que deben cobrar en función de la responsabilidad que ostentan y fomentar así que personas competentes -con opciones en las empresas privadas- puedan dedicarse al servicio público a través de la política. En este caso de la subida de salarios, el problema reside en la falta de sensibilidad que muestra el ejecutivo en un momento tan crítico y el mal ejemplo que da; sobre todo cuando la competencia profesional de muchos ministros y sus posibilidades de ejercer trabajos bien remunerados en la vida real son más que dudosas.