Una de las más repugnantes acciones sobre civiles que ejecutan algunos ejércitos, quiero creer que no todos, y fuerzas paramilitares durante los conflictos es la violación sistemática de mujeres y, a veces, también niños. La utilizan como arma de guerra, para infligir un daño físico pero sobre todo moral, para abatir y desalentar a la población atacada y a los combatientes en el campo de batalla.
Es uno de los más execrables crímenes de guerra y, sin embargo, es mucho menos perseguido que las matanzas indiscriminadas, la tortura, el trabajo forzado, el desplazamiento y desubicación de poblaciones y el genocidio de minorías.
En las guerras de desmembración de la antigua Yugoslavia la violación masiva fue utilizada por varios de los contendientes, sobre todo por parte de los serbios contra las mujeres bosnias musulmanas y, a pesar de ello, solo una pequeña parte de las condenas por crímenes de guerra del tribunal penal internacional para la antigua Yugoslavia han sido por ese motivo.
Las razones son las mismas que explican el escaso porcentaje de denuncias respecto del total de violaciones en nuestras sociedades: sentimiento de vergüenza por parte de la víctima, temor al rechazo y al estigma social y, sobre todo, familiar, desconfianza en la actuación policial y judicial, miedo a tener que revivir la pesadilla como mínimo tres veces, al declarar ante la policía, ante el juez de instrucción y durante el juicio, agravadas por el hecho de que la violación suele ser múltiple y perpetrada por el enemigo, lo que la convierte en ignominiosa.
Los tribunales penales internacionales que juzgan crímenes de guerra deberían ser más proactivos en la investigación y persecución de las violaciones y considerarlas no como delitos individuales cometidos por soldados concretos sobre víctimas concretas, sino como estrategias globales diseñadas por los mandos al cargo de las operaciones bélicas y, en último término, aprobadas por los responsables políticos.
En Ucrania se está repitiendo el fenómeno de las violaciones, en este caso de soldados rusos contra mujeres ucranianas y, de nuevo, este hecho está quedando invisibilizado, a diferencia de otras atrocidades cometidas por el ejército ruso, como el ataque indiscriminado a áreas residenciales, el asesinato sin provocación de ciudadanos desarmados, el desplazamiento forzoso de poblaciones enteras, la detención arbitraria y, a veces, asesinato de autoridades locales, o el maltrato y la tortura de combatientes y civiles, entre otros.
Las sociedades postsoviéticas, a pesar de casi un siglo de comunismo supuestamente igualitario, siguen enraizadas en el modelo tradicional de familia heteropatriarcal, por no decir machista, y para las mujeres la violación es una vergüenza insoportable en caso de hacerse pública y conocida, por lo que no lo denuncian y solo buscan poder deshacerse de las consecuencias, sobre todo del embarazo, caso de producirse.
El problema ha sido puesto de manifiesto por algunas asociaciones polacas de ayuda, ya que la mayoría de refugiados se encuentran en Polonia, país que tiene una de las legislaciones sobre el aborto más restrictivas de Europa, incluso en casos de violación, que requieren de una denuncia previa, lo que casi ninguna ucraniana quiere hacer. Todas aducen que lo único que quieren es deshacerse del problema y no provocar más preocupaciones a sus maridos, que están luchando en el frente y, sin duda, aunque no lo digan, no quieren verse sometidas a la vergüenza y a las habladurías cuando regresen a sus hogares en un futuro.
La violación masiva utilizada como arma de guerra debería ser perseguida como crimen de guerra por el Tribunal Penal Internacional sin necesidad de denuncias individuales ni de nombres y apellidos por parte de las mujeres, debería bastar con el testimonio de investigadores solventes sobre el terreno que acrediten los hechos sin necesidad de implicar a personas concretas y castigar, no tanto a los perpetradores, que también, sino a los altos mandos militares y a las autoridades políticas.