“La inflación como protagonista de la recuperación económica”

En el primer trimestre de 2022, cuya situación económica se vio agravada por el encarecimiento del petróleo y de la energía, la tasa de variación anual del IPRI para nuestra comunidad autónoma rozó los 113%, frente a la tasa de 46,6% para el conjunto del país. Fruto de este incremento de los precios y, en consecuencia, de los costes de producción, se deja en evidencia el nivel de competitividad, y se acrecienta el problema del nivel de productividad de la economía, con una mayor incidencia en la economía canaria que encadena tres meses consecutivos de caída.

En cuanto al IPC subyacente del mes de abril de 2022 ha experimentado una tasa de variación interanual de más del 4%, siendo para el conjunto del país 4,4%, y para nuestra comunidad autónoma el 4,2%. Si consideramos que el IPC subyacente es un indicador de referencia más estable que el IPC general para el análisis de la evolución de los precios, dado que no contiene los precios más volátiles, podemos observar que nos indica una importante subida de los precios del resto de bienes y servicios. De este modo se observa que, las medidas implantadas y aprobadas por el Gobierno estatal (descuento de 20 céntimos por litro en los carburantes), además del descenso del precio de la energía, han supuesto una contención del IPC general.

Ante esto, la intervención gubernamental sobre los precios muestra una moderación sobre el IPC general, pero no han dado solución suficiente para contener la presión inflacionista.

Por otra parte resulta obvio que dada la actual desaceleración económica, y una inflación para la eurozona del 7,5% (abril de 2022), la aplicación de subidas en los tipos de interés reducirá la inversión y el consumo, rebajando la presión sobre la demanda agregada.

Esto generaría un escenario adverso para las empresas. Como solución se podría aplicar una política fiscal expansiva, llevando a cabo un incremento del gasto público para el tejido empresarial y las familias.

Además sería necesario el fomento de las colaboraciones pública-privada, para acceder a una consolidación fiscal, que permitiría mejorar la estabilidad financiera, evitando la subida de impuesto, lo cual generaría un escenario de incertidumbre en las empresas.