Desgraciadamente, el año que acabamos de cerrar ha seguido marcado por la pandemia y sus consecuencias sociales y económicas. Un año que empezó con la esperanza de la vacuna como principio del fin del coronavirus, ha acabado con una nueva ola de contagios -y van seis- provocada por una nueva variante más transmisible
para confirmar la sensación de que, a pesar de la protección de las vacunas, la normalidad prepandemia tardará bastante en llegar y, consecuentemente, la recuperación económica que se nos vende desde el Gobierno no será ni tan grande ni tan inmediata, ni tan duradera.
Me gustaría pensar que nos espera la vuelta a la normalidad, pero si atendemos las voces de los expertos epidemiólogos, no parece que será así y que esta tardará en llegar varios años, aunque tampoco se ponen de acuerdo. Por lo que espero un 2022 similar al 2021, condicionado también por la incidencia del coronavirus, donde se alternarán épocas de relativa normalidad con periodos más restrictivos, en función de las medidas de control y contención que adopten las autoridades haciendo uso de sus competencias.
En esta tesitura, las Illes Balears son una comunidad especialmente afectada por esa incertidumbre y por la volatilidad de la situación, porque la industria turística es una de las más condicionadas por las restricciones y por las limitaciones a la hora de viajar y moverse de un país a otro o incluso entre territorios del mismo país. La temporada de 2021 se concentró en los cuatro meses de verano, lo que supone un importante retroceso en la anhelada desestacionalización del sector. Y funcionando la industria turística solo cuatro meses al año, el horizonte es complicado para nuestra comunidad. Por eso, habrá que estar muy atentos a la evolución de la pandemia para saber si esta temporada turística mejora la de 2021, porque el sector, directa e indirectamente, lo necesita.
Es posible, o al menos sería de desear, que asistamos a una mejoría de la situación económica en este 2022, con el impulso añadido de las ayudas europeas, pero todo indica que será insuficiente para colocarnos todavía en niveles prepandemia. Y esta circunstancia, unida a la inflación en los costes de producción, motivada por la subida de los precios de la energía y las materias primas, puede generar que muchas pequeñas y medianas empresas no sean capaces de seguir aguantando y tengan que cerrar sus puertas.
La elevada inflación con la que hemos acabado 2021, la más alta en tres décadas, supone un serio lastre y afecta, de manera especial, al poder adquisitivo de los trabajadores y pensionistas. También tendrá una incidencia directa sobre los alquileres y sobre las hipotecas, porque todo indica que el Banco Central Europeo acabará por subir los tipos de interés, aunque por ahora se haya manifestado en sentido contrario. Como consecuencia, es muy probable que asistamos a un aumento del descontento y la presión social, porque el ciudadano de a pie tiene cada vez más dificultades para llegar a final de mes.
En el año que empieza también veremos cómo aumenta la tensión política a nivel autonómico y nacional, ante la proximidad de la cita electoral de 2023. Entramos en año preelectoral con todo lo que ello significa. Los diferentes partidos activarán su maquinaria para llegar en las mejores condiciones y en los tiempos actuales, eso significa que asistiremos a un cruce de declamaciones, mucha verborrea, nulo sentido de Estado, polarización de posturas y el archiconocido “y tú más” de la política española.