El archivo por parte de la fiscalía suiza de su investigación acerca del origen supuestamente ilícito de 100 millones de dólares que el monarca saudí habría regalado a Juan Carlos I ha desatado las habituales oscilaciones pendulares en nuestra clase política.
Si, por un lado, la derecha se empeña en aprovechar la ocasión para hablar de "exculpación" e inocencia del rey emérito, la extrema izquierda y el independentismo pretenden utilizar cualquier brecha en la credibilidad de la institución monárquica para intentar derribarla al precio que sea.
Ambos extremos, obviamente, mienten. Porque una cosa es que en el seno de una investigación penal -en la que Juan Carlos parte siempre con ventajas tales como la inviolabilidad constitucional de su persona- no se acrediten unas determinadas sospechas, y otra muy distinta pretender que el emérito haya tenido un comportamiento intachable, algo muy alejado de la realidad.
Nadie ecuánime puede negar la decisiva contribución del anterior monarca a la Transición y, con ella, a la modernización democrática de España. Pero tampoco puede nadie sorprenderse de situaciones que eran un secreto a voces desde el inicio de su reinado, como sus negocios poco transparentes, sus amistades peligrosas y su desmedida afición por el sexo opuesto.
De esto último, efectivamente, ningún reproche habría que hacerle en principio, puesto que se trataría de un asunto de la esfera privada del rey, pero el matiz aparece rápidamente cuando comenzamos a conocer lo que al bolsillo de los españoles han costado las aventuras extramatrimoniales de Juan Carlos de Borbón.
Desde Bárbara Rey a Corinna Larsen, durante más de cuarenta años, las víctimas propiciatorias de esos astronómicos dispendios han sido siempre los ciudadanos de a pie. Igual da que haya sido en forma de cargos a los fondos reservados, contratos públicos sin fundamento alguno o, como en el caso de la Larsen, burda ocultación al fisco, amañada posteriormente mediante una vergonzosa regularización fiscal, como si el primero de los españoles fuera un jugador de fútbol o una folclórica al uso.
La ejemplaridad ha brillado por su ausencia y el comportamiento del rey emérito ha sido moralmente execrable, aunque penalmente no sea perseguible merced a privilegios medievales que hace tiempo que deberían haberse suprimido. Juan Carlos I ha sido el primer enemigo de la permanencia de la Corona.
Cosa distinta es que eso suponga argumento válido para intentar demoler la jefatura del Estado, presumiendo en el actual soberano los vicios de su padre. Y ello es manifiestamente injusto, puesto que no existe el más mínimo indicio de ello, ni en lo público, ni en lo privado. Felipe VI es, hasta el momento, un rey ejemplar en esos aspectos.
Por tanto, se podrá promover una segunda transición hacia una España en forma de República si se desea, pero no con tan pobres y zafios argumentos.