El diputado de Nueva Canarias (NC) en el Congreso Pedro Quevedo defendió hoy que no votara a las dos propuestas del Partido Popular (PP) para renovar las vacantes del Tribunal Constitucional (TC), Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, porque “cuestionan la independencia” del poder judicial. El portavoz de los canaristas progresistas dijo además que el acuerdo, en el proyecto de ley de estabilización de la función pública, para hacer fijos a los interinos con cinco años de trabajo en la administración pública es un “salto cualitativo” para resolver el grave problema de recursos humanos y la inseguridad de la mayoría de los trabajadores de las administraciones públicas.
Pedro Quevedo justificó que ayer jueves, en el pleno, no votara a Arnaldo y Espejel ante las “evidentes dudas que despiertan” en relación con el “mínimo de independencia” que debe tener un magistrado del alto tribunal. Para el diputado canarista progresista, resultó “muy llamativo” que, después del tiempo transcurrido con un bloqueo del TC, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas, entre los principales; la respuesta del PP fuera proponer a dos perfiles que cuestionan la independencia del poder judicial.
“Insólito”, calificó, que los conservadores, en su espacio de influencia, no dieran con unas candidaturas con una alta cualificación e independencia contrastada. Quevedo lamentó la “oportunidad perdida”. Desde Nueva Canarias, según expuso, “no vamos a ayudar al desprestigio” de las principales instituciones del Estado aunque “sabemos que la renovación era una urgencia” desde el punto de vista constitucional y democrático.
Con respecto al acuerdo, en el proyecto de ley de la estabilización de la función pública, para que los interinos con cinco años de trabajo en la administración pública puedan consolidar su plaza con un concurso de méritos, Pedro Quevedo dijo que hay un “salto cualitativo” con respecto al real decreto ley convalidado.
Mantuvo que defendió la convalidación del citado real decreto ley porque garantizaba unas cuotas mínimas en la cobertura de las plazas de funcionarios, uno de los “dramas” actuales de las administraciones públicas, y con el objetivo de que se tramitara como un proyecto de ley que resolviera el abuso de la temporalidad.
Tras referir que el real decreto ley gozaba de un alto nivel de consenso y de pronosticar que, en torno al proyecto de ley, será muy superior porque “entra en el fondo” del problema; aseguró que las enmiendas planteadas coinciden básicamente con la posición de NC sobre la necesidad de procesos extraordinarios de consolidación, en los que las comunidades y corporaciones locales tienen capacidad de negociación.
La razón fundamental, precisó el portavoz nacionalista, es que la responsabilidad de las personas en abuso de temporalidad “no es de los trabajadores” sino de las administraciones públicas que no han convocado los correspondientes procesos selectivos.
Esta solución, añadió, permitirá ir a procedimientos urgentes de consolidación para cubrir, como señalaba el real decreto ley y el proyecto de ley indicará, como máximo un 8% de las plazas no cubiertas en cada momento en las administraciones públicas y que los concursos deban hacerse cada dos años y, en situaciones excepcionales, cada tres anualidades.
Para Quevedo, es la “manera de resolver, de verdad, el drama en la que están sumidas la totalidad de las administraciones públicas, especialmente las locales, con un grave problema de recursos humanos”. El debate sobre el tiempo al que afecta el proceso extraordinario de consolidación, en su opinión, estará condicionado por la posición histórica del TC.
El diputado de NC en el Congreso insistió en que se da un salto cualitativo que resuelve el problema de inseguridad a la inmensa mayoría de los trabajadores de las administraciones públicas.