Marc González | Miércoles 03 de noviembre de 2021
Dice el ministro Grande Marlaska que en el asesinato de un niño de nueve años de edad por parte de un miserable que se hallaba en libertad condicional tras haber estado cumpliendo una pena por otro asesinato y contando, además, con otros antecedentes por agresiones sexuales, los mecanismos del Estado han funcionado correctamente.
Con semejante dosis de cinismo, a la que ya empezamos a acostumbrarnos en este personaje, Marlaska lo que nos quiere decir es que en la decisión de poner a este despojo humano en la calle intervinieron todos los órganos judiciales y administrativos que prevé la ley. A eso le llama normalidad o corrección. Así, sin despeinarse, como quien está deseando marcharse a casa a desconectar viendo telebasura y dejar atrás su día de trabajo, se despachó nuestro ministro del Interior, juez penal en excedencia para más señas.
La verdad es que tras su absoluta e inhumana falta de empatía, Marlaska esconde el fracaso absoluto de nuestra política criminal, porque si funcionando normalmente se obtienen semejantes resultados, no quiero ni imaginarme qué sucederá cuando algo haya salido mal.
Y es que lo normal -en el sentido de habitual- en la justicia española es la anormalidad. Tenemos un sistema que, so pretexto de garantista, acaba siendo cooperador necesario en el crimen reincidente. Y es igual que se trate de un carterista, un grafitero, o, como en el presente caso, un asesino y violador en serie. El sistema hace aguas por todas partes, pero eso no interesa a los políticos remediarlo, por razones que solo ellos podrán explicar.
Superado el primer estado de ánimo de lógica indignación por el execrable crimen de Lardero -que confieso que hace dudar al más pulcro de los activistas anti-pena capital sobre la conveniencia de reintroducir el garrote vil para este sujeto-, es el momento de hacer una reflexión más profunda y sosegada sobre la inutilidad sistémica de nuestra justicia criminal.
Porque el irresponsable juez que, en contra de los informes técnicos del centro penitenciario, decidió que esta rata inmunda pudiera volver a circular pese a ser ya un depredador reincidente sin el más mínimo indicio de esa quimera llamada reinserción social, seguramente actuó imbuido por este clima buenista general que está imponiendo la izquierda -y que la derecha se traga sin rechistar- en todas las esferas, incluyendo en la doctrina de los Tribunales.
La justicia penal en España acaba tratando los casos criminales como si fueran asépticos datos estadísticos en una hoja de cálculo. Eso, hasta que pasa una monstruosidad como esta y remueve conciencias, algunas pocas, no vayan a creerse que desde las atalayas del poder se percibe el dolor de las víctimas.
En Balears vivimos a diario puestas en libertad de delincuentes multirreincidentes que escandalizan tanto como los propios delitos que se investigan, pero no me consta que los órganos superiores den instrucciones para evitarlas, ni que la Fiscalía haga nada -al menos, útil- para dejar de carcajearse del ciudadano de a pie, que es la víctima de la mayoría de delitos.
Este es el funcionamiento 'normal' de nuestro sistema jurídico. Marlaska, por desgracia, tenía toda la razón.
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