Compromís enmendará la ley Memoria Democrática para recuperar los bienes incautados por el franquismo

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha afirmado que la Ley de Memoria Democrática aprobada por el Consejo de Ministros y que ha de aprobarse por las Cortes Generales, entre muchas de sus carencias, está la de no dar solución al dinero robado por el franquismo, y por ese motivo se va a enmendar por los valencianistas el texto incluyendo los puntos de la moción presentada por la coalición en marzo de 2020 todavía no abordada por el Senado. La mención que se hace en el Proyecto de Ley “ Artículo 31 Incautaciones de bienes y sanciones económicas”

La Administración General del Estado promoverá las iniciativas necesarias para la investigación de las incautaciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la Dictadura y, en particular, realizará una auditoría de los bienes expoliados en dicho periodo, incluyendo las obras de arte, el papel moneda u otros signos fiduciarios depositados por las autoridades franquistas, así como la imposición de sanciones económicas en aplicación de la normativa de responsabilidades políticas. Esta auditoria incluirá un inventario de bienes y derechos incautados” Es para Compromís demasiado ambiguo y un asunto de esta transcendencia debería contemplar un apartado propio en la nueva ley,

Mulet ha reiterado que urge reconocer, recuperar e investigar el dinero incautado por el Gobierno franquista en el contexto del golpe de Estado militar contra el gobierno legítimo de la República. “Se abrió una etapa funesta para el Estado español que se vio sumergido en una Guerra Civil que dividiría a su población y el sistema monetario quedó afectado por todo ello. Una de las primeras medidas acordadas fue no considerar válidos los billetes puestos en circulación por el Banco de España antes del 18 de julio de 1936, de manera que los billetes anteriores a esta fecha no podían entrar en circulación si no habían sido estampillados previamente por las autoridades ilegales franquistas.

Todo ello desembocó en confiscación del dinero republicano, lo que dejó a muchos ciudadanos sin poder realizar el cambio por necesitar aval de personas de renombre para poder ejecutarlo. Todo esto se hizo para obtener recursos y para aplicar medidas represivas contra los demócratas vencidos.

Posteriormente, la Ley de Desbloqueo de Cuentas Bancarias supuso la anulación de todos los billetes emitidos por los gobiernos republicanos tras el golpe de Estado, lo que llevó a muchísimas familias a la absoluta miseria. “Con la llegada de la democracia, las diferentes leyes hicieron justicia sobre los bienes y derechos confiscados a partidos políticos y sindicatos afectados por la represión franquista, pero ni siquiera la Ley de Memoria Histórica reparó los derechos particulares equiparables a la sociedad civil afectada por esta confiscación”, señala Mulet.

Mulet propondrá que la nueva ley contemple explícitamente la investigación del total de dinero incautado por el Gobierno ilegal franquista después de 1936 y que conformaron el “Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo”, su destino y sus responsables; el reconocimiento explícito d el papel moneda y otros bienes o documentos confiscados y expoliados por el régimen franquista y se reconozca el derecho de reparación a los particulares afectados por la confiscación de su dinero o propiedades e impulsar una legislación que permita el reconocimiento y en su caso el tratamiento de los daños o traumas ocasionados a las víctimas y la recuperación e indemnización a cargo del Estado, o de los responsables patrimoniales si existieran, de los bienes expoliados a personas físicas o jurídicas por motivos políticos, religiosos o de represalias de cualquier tipo, y la devolución del dinero incautado por el régimen fascista a la sociedad civil.

“Para ello sería necesario fijar un sistema de resarcimiento económico actualizado en términos actuariales y que se corresponda con la realidad económica y social española a todo tipo de víctimas aún vivas, herederos y sus familias, entre otras medidas. La propuesta del Gobierno no prevé ningún tipo de resarcimiento a las personas que sufrieron, de nada sirve conocer el hecho si no comporta la reparación, y el texto del Psoe evita cualquier aproximación a estos principios. Anunciar posibles sanciones a los autores de esta tropelías, queda muy bien en el papel sabiendo los autores materiales no viven ya, aunque subsidiariamente la responsabilidad recae en la propia administración actual, al ser heredera y continuadora de las responsabilidades del Estado franquista, la ley ha de reparar el daño causado, si no, no sirve para nada”, ha agregado Mulet.