Coyuntura económica Canarias

Por CEOE Tenerife

La realidad es como es y no como nos gustaría que fuera. La reflexión está relacionada con el ritmo de vacunación y grado de cobertura que, a fecha del presente informe, se presenta en Canarias. Se suponía, al menos así se trasladaba desde las instituciones públicas, que la vacunación alcanzaría al 70% de la población el 30 de junio de 2021. Dados esos pronósticos, se empezaron a establecer indicadores de ocurrencia de los escenarios probables y, allá por el mes de enero, ya se planteaba la imposibilidad de tal loable objetivo. De hecho, se cuantificaba que sería necesario incrementar el ritmo ocho veces superior al establecido, puesto que, de lo contrario, el deseo no sería convertido en realidad.

Según iba pasando el tiempo aparecían las excusas en forma de inconvenientes como era la existencia de insuficiente dotación de personal o la del insuficiente suministro de vacunas al ritmo necesario. Pero, sea cual sea la razón, lo cierto es que el objetivo se cambió para “antes de la finalización del verano”, teniendo en cuenta que el 21 de septiembre sería la fecha indicada. Dicho horizonte temporal sí que se muestra plausible, e incluso, ofrecerá alguna holgura y, teniendo en cuenta que la mejor política económica procede de una salvaguarda sanitaria, es la
mejor de las noticias con la que nos podemos tropezar. Ahora bien, parafraseando a Billy Wilder, “ninguna buena acción queda sin castigo”. ¿Por qué?

Porque, aparte de la cronología descrita, en este trimestre se han producido hitos importantes en el (des)control de la pandemia, como es la supresión del Estado de Alarma junto con la eliminación del uso obligatorio de la mascarilla. Estos aspectos han modificado los procedimientos a la hora de establecer un control efectivo sobre la propagación de los contagios. De este modo, en la actualidad, se podría asegurar que nos encontramos en una quinta ola pandémica modificando, por tanto, los niveles de restricciones según las diferentes realidades insulares en base a parámetros legales que intentan compatibilizar el acervo jurídico con las intenciones políticas.

Es por ello por lo que, en este contexto se justifica la necesidad de plantear un sistema de compensaciones económicas y sociales de acuerdo con el nivel de restricciones. ¿Con qué intención? Eliminar incertidumbre y minimizar el tiempo de respuesta positiva para alcanzar la tan ansiada recuperación económica.