Estos últimos años hemos observado como muchos padres han cedido, delegado dicha potestad a los centros educativos por falta de formación , por comodidad, o por el simple quehacer diario rápido y agobiante de esta sociedad en donde vivimos.
Y cuando sucede el desagradable, condenable y despreciable hecho que ha acontecido con un tuitero en relación a sus andanzas sexuales, la ministra de igual-da se apresura a decirnos que hay una falta de educación sexual en este país y que es ella, por supuesto , y su gobierno totalitario el que debe velar por ello. No, el estado debe perseguir inexorablemente estas actitudes pero no debe tomarlo como excusa barata para apropiarse de un derecho que no es suyo sino de los padres.
Pero por mucho que cedan sus derechos, los padres siguen siendo los verdaderos protagonistas de la educación de sus hijos. La educación según sus convicciones como así lo recoge el articulado constitucional.
Cuando la administración ,o sea el estado ,o sea el partido político de turno, intenta asumir una tarea que no le corresponde acaba imponiendo una forma de ver las cosas que chocan directamente con el derecho inalienable de la familia a educar.
Los profesores son funcionarios públicos y por ello deben asumir las características de un estado derecho que lo diferencia de los totalitarismos como son la objetividad, la imparcialidad y la neutralidad.
El estado es subsidiario en el tema de la educación ya que corresponde a los padres dicho quehacer.
Cuando los profesores intentan suplir esa deficiencia , que existe desgraciadamente en nuestra sociedad, están invadiendo un terreno que no les corresponde. Lo que tienen que procurar es animar y formar a los padres, ayudarles para que estos desempeñen su quehacer de la mejor manera.
Cuando estos profesionales, que son muy competentes y se merecen todo apoyo, intentan suplir esa deficiencia es cuando se rompe el frágil equilibrio y se pierde ese derecho inalienable de la libertad de cátedra para transformarse en adoctrinamiento.
Desgraciadamente los padres debemos otra vez recuperar nuestro puesto imprescindible e indelegable en la educación de nuestros hijos. Además, los profesores y toda la comunidad educativa debe apoyar, alentar y animar a que la familia lleve a cabo uno de sus primordiales quehaceres, la socialización de sus miembros.
Cuando la sociedad ayude a la familia a desarrollar su papel con respecto a la educación de los hijos evitaremos estériles enfrentamientos y podremos conjugar la libertad y el derecho de los padres .
La libertad, esa palabra tan usada y que tan pocos saben poner en práctica, es el meollo que encierra el llamado Pin Parental que pone histéricas, histéricos e histeriques a los progres de turno ya que impediría su adoctrinamiento , incluso sexual, al cual nos tienen abocados.
El Gobierno y su ministra de educación ya ha amenazado con impedirlo después que la comunidad autónoma de Murcia lo quiera implantar.
La Constitución española en su artículo 27.3 establece que los poderes públicos deben garantizar el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Además, el artículo 16.1 de la carta magna establece el derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto; mientras que el artículo 39.3 establece el deber de los padres de prestar asistencia en todo a sus hijos.
El Tribunal Supremo en su sentencia de fecha 11 de febrero de 2009, estableció como doctrina que el deber jurídico de cursar las asignaturas "no autoriza a la Administración educativa -‐ni tampoco a los centros docentes, ni a los concretos profesores a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas”. Igualmente, destacan dichas sentencias que el hecho de que existan asignaturas obligatorias “no deben ser pretexto para tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas y doctrinas que independientemente de que estén mejor o peor argumentadas reflejan tomas de posición sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad española”.
En el ámbito europeo el Protocolo Adicional primero al Convenio Euro-peo de 1950 para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de 20 de marzo de 1952, establece en su artículo segundo que «A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas».
La educación es de los padres y cualquier intento de sustraerselo es un intento del más burdo totalitarismo .