El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves el real decreto ley que el Gobierno ha presentado a votación para reformar la estiba portuaria, un documento que tampoco contaba con el apoyo de los representantes de los trabajadores del sector afectado.
El decreto ley ha sido derribado con 175 votos en contra, los de PSOE, Unidos Podemos, Esquerra (ERC), la antigua Convergència (PDeCAT), Compromís, EH Bildu, Coalición Canaria (CC) y Nueva Canarias, frente a los 142 votos a favor que han sumado el PP, sus socios electorales de UPN y Foro Asturias, y el PNV. Por su parte, Ciudadanos ha optado por la abstención (32 votos más un error en las filas de Unidos Podemos).
Tras varias semanas de negociaciones fallidas en las que la estiba había convocado paros laborales, los representantes del sector han cancelado las huelgas que iban a tener lugar desde el próximo día 17 y hasta el 24 de marzo.
El recurso que el TJUE interpuso contra España por el incumplimiento de la sentencia de este mismo tribunal del 11 de diciembre de 2014 que obliga al Reino de España a liberalizar por completo el sector propone, a la espera de que se dicte sentencia, una sanción correctiva a España por la cantidad de 134.107,2 euros por día de retraso en la ejecución de la misma. Además, la propuesta de la Comisión pasa por que España abone también una multa por la cantidad resultante de multiplicar 27.522 euros diarios por el número de días de persistencia de la infracción hasta que se dicte sentencia de dicho recurso o se acate por completo lo dictaminado en la primera resolución. Solo en este aspecto, hasta principios de febrero de 2016, España acumulaba una multa de 21,5 millones.
Ante los últimos acontecimientos, tanto el ministro de Economía, Luís de Guindos como el portavoz del Gobierno, Méndez de Vigo han asegurado que "no existe un plan B". De Guindos ha subrayado que la Comisión Europea dio el visto bueno al decreto ley del Gobierno y defiende que el Ejecutivo ha utilizado "todo el margen disponible" y ha llevado a cabo una negociación "larga" con los estibadores.
Por su parte, el titular de Fomento, Iñigo de la Serna, ha defendido que el Gobierno ha actuado con "responsabilidad" y no ha apuntado cuáles serán los pasos que se darán a partir de ahora para garantizar que el sector de la estiba legalmente encaje con la norma europea y evitar así la sanción.
De la Serna ha hecho un llamamiento a esperar el resultado de la negociación entre la patronal y los sindicatos quienes tienen prevista una reunión para el próximo martes citada a partir de la propuesta de acuerdo que este miércoles presentó el Gobierno.
Además de las sanciones con las que amenaza Bruselas, el conflicto de la estiba ya se ha dejado sentir en algunos puertos españoles con el desvío de buques a otras infraestructuras portuarias en Europa y el Mediterráneo.
Es el caso de Maerks, naviera danesa, que a inicios de marzo anunció la desviación de sus buques con destino a Algeciras a otros puertos en estas regiones. Los puertos de Tánger y Marsella podrían ser algunas de las opciones más factibles para acoger este tráfico de contenedores.
Hay que recordar que el puerto de Algeciras es la primera infraestructura en España por tráfico de contenedores en tránsito, esto es, se trata de un 'hub' de distribución de contenedores para el Mediterráneo, África y América.
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