La ley indica que “en atención a las dificultades derivadas del carácter insular de sus territorios, Canarias contará en todo caso con al menos una Oficina General del Registro Civil en cada una de las islas”
Se pretende terminar con la inseguridad jurídica actual y proteger, especialmente, el interés superior del menor desde el respeto a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad
