proteccion de datos

El anteproyecto de ley que busca reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales incluye una medida que preocupa a las pequeñas y medianas empresas, la implantación obligatoria de un registro horario digital interconectado con la Inspección de Trabajo.

El Gobierno de España ha aprobado un anteproyecto de ley que busca fortalecer la gobernanza democrática en los servicios digitales y establecer un registro de medios de comunicación. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será la encargada de coordinar estos servicios, con nuevas competencias para supervisar y sancionar infracciones graves, que pueden llegar hasta el 6% del volumen de negocio anual. Además, se creará un registro público estatal donde los medios deberán declarar su estructura de propiedad y financiación, promoviendo así la transparencia en el sector. Esta normativa adapta el marco legal español a las regulaciones europeas sobre servicios digitales y libertad de medios, asegurando un entorno digital más seguro y justo para los consumidores.

La Agencia Española para la Protección de Datos aprobó el último día de enero la entrada en funcionamiento de la lista 'Stop publicidad' que se convierte así en una herramienta con la que dejar de recibir publicidad no deseada, en especial las llamadas telefónicas "spam".

La Comisión Europea ya está investigando el denominado "Gran Hermano" que el ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska, ha ordenado desde diciembre pasado para las empresas del sector turístico, "a la luz de la legislación de la Unión Europea en materia de protección de datos". El plan del Ministerio del Interior impone a hoteles, apartamentos turísticos, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos la obligación de recopilar y entregar una extensa cantidad de datos personales de los viajeros.

El Pleno aprueba una moción en insta al Gobierno de España a retirar esta medida por “limitar los derechos fundamentales de las personas”.

Ambas formaciones critican que dicha normativa “lastra de lleno la operativa diaria de miles y miles de pequeñas empresas de la cadena de valor turística, poniendo en riesgo con ello el funcionamiento de los flujos turísticos”.

El presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ha calificado el nuevo registro de viajeros como "fatídico y desastroso", al tiempo que ha denunciado que los clientes están expresando su malestar ya que consideran que se está vulnerando la protección de datos.

El denominado “Gran Hermano turístico”, el nuevo sistema de registro que recaba más de 40 datos de cada turista, ha cumplido la primera semana en funcionamiento, con el Puente de la Constitución como campo de pruebas. La norma ha generado un intenso debate en el sector turístico tanto por la intromisión que supone en el terreno de la privacidad como por el rendimiento de la plataforma, que ha tenido caídas y fallos. El sistema reclama un nivel de datos personales (algunos de ellos bancarios o absolutamente privados) que ha provocado que algunas agencias de viajes dejen de recomendar España -y Baleares- como destino para sus clientes extranjeros.

El denominado “Gran Hermano turístico”, la nueva normativa que regula el registro de viajeros, ya acumula una semana en funcionamiento. Sin embargo, lejos de ser aceptada, ha generado un intenso debate en el sector turístico debido a su implantación, regulación y preocupaciones por la seguridad y el rendimiento del sistema.

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha informado de que emprenderá acciones legales contra el Real Decreto sobre el Registro de Viajeros, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 2 de diciembre, debido "a la falta de respuestas por parte del Gobierno" y al impacto negativo que esta normativa tendrá sobre el sector hotelero y los propios viajeros.

El Partido Popular ha llevado a la Comisión Europea la legalidad del desarrollo del Real Decreto 933/2021 preparado por el Ministerio del Interior, por la que se establecen obligaciones draconianas de registro e información en alojamientos turísticos y alquiler de vehículos a motor.

Una resolución sancionadora de la Agencia Española de Protección de Datos resuelve que el consistorio local vulnero los datos personales de vecinos en un proceso de participación ciudadana