evaluacion ambiental

El Cabildo de Fuerteventura ha dado luz verde a la evaluación ambiental del Plan Territorial Especial (Plan-TE), un documento clave para regular la implantación de infraestructuras energéticas en la isla. La presidenta Lola García destacó que el plan se encuentra en su segunda fase de redacción, tras haber pasado por consultas públicas y reuniones con ayuntamientos y ciudadanos. Con este avance, se inicia el procedimiento de evaluación ambiental ordinaria, permitiendo la presentación de alegaciones por parte de administraciones y ciudadanos interesados. Este paso es fundamental para garantizar un modelo energético consensuado y sostenible en Fuerteventura.

El contrato adjudicado cuenta con un presupuesto de 422.145, 79 euros

El europarlamentario Vicent Marzà registró preguntas sobre evaluación ambiental y la necesidad de consulta pública, destacando la preocupación por el impacto de estos proyectos en Canarias.

El objetivo es organizar el espacio frente a la playa, mejorar servicios y calidad ambiental, y facilitar la planificación urbana, integrando dotaciones públicas y usos compatibles.

El Gobierno local adjudica al galardonado Colectivo CCRS la redacción del Plan Especial y evaluación ambiental para los barrancos de Aguas de Dios, La Galeta, Porlier y Perdomo

Comparte que “Canarias es un caso de éxito, no solo desde el punto de vista turístico, sino también desde el punto de vista de la protección ambiental”, aunque aclara que “eso no quiere decir que todo funcione a la perfección, pues aún hay muchas cosas que hacer”

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento también ha iniciado este procedimiento para los planeamientos del Barrio de los Hoteles-Pino de Oro así como el del Conjunto Histórico del Antiguo Santa Cruz

Se integra en el Órgano de Evaluación Ambiental e Informe Único previsto en la Ley del Suelo y Espacios Naturales

El Alcalde Marco Aurelio Pérez exige al promotor del parque acuático de El Veril “que entienda de una vez” que debe cumplir con la cesión obligatoria al municipio del 10% del suelo “en terreno de su propiedad y no del Estado”, o proponer la monetarización de esos aprovechamientos en el proyecto de urbanización que debe presentar debidamente cumplimentado